Bancos estadounidenses aceptaron millones robados de México, según documentos judiciales

Pese a que la justicia de Estados Unidos ha acusado a funcionarios públicos de cuatro estados mexicanos de lavar dinero a través de bancos norteamericanos, instituciones como el Chase Bank en Texas no han sido sancionados por recibir recursos públicos desviados en México, afirma una investigación periodística realizada por el Texas Observer y el Anti-Corruption Data Collective.

Una operación federal, llamada Cruce Político ("Politico Junction"), y otra similar, denominada Marea Verde ("Green Tide"), revelaron varias transacciones bancarias y detalles de las investigaciones internas secretas que las instituciones financieras realizan de sus clientes. Las acusaciones han sido detalladas en cientos de documentos que se hicieron públicos durante un par de investigaciones de lavado de dinero por parte de autoridades federales, estatales y locales en Texas.

En los registros judiciales se mencionan más de una docena de bancos relacionados con demandas de decomiso de activos y juicios penales en San Antonio y Corpus Christi. Ellos muestran que al menos cinco bancos aceptaron nuevos clientes que se vieron obligados a abandonar otras instituciones financieras debido a actividades sospechosas, según los documentos.

Funcionarios del estado de Coahuila como Javier Villarreal Hernández y Jorge Torres López, ex secretario de Finanzas y exgobernador interino de Coahuila, respectivamente, daban explicaciones contradictorias sobre su riqueza a los bancos. Pese a ello, no existen indicios de que el banco, o cualquier persona asociada con él, enfrentara alguna repercusión por no reportar esa situación a las autoridades estadounidenses.

Villarreal Hernández, por ejemplo, dijo al Chase que su dinero, aproximadamente 6.5 millones de dólares distribuidos en ocho cuentas diferentes, provenía de restaurantes de su familia en México, o de una concesionaria suya de Mercedes Benz, o de la venta de aviones que entregó al estado de Coahuila, según entrevistas y revisiones de registros de tribunales federales.

Ambos funcionarios fueron acusados por autoridades estadounidenses de aceptar sobornos por contratos inflados en México. La mayoría de esos recursos se usaron para adquirir bienes raíces en Texas.

Villarreal Hernández fue acusado formalmente en 2013 por un gran jurado en Corpus Christi como resultado de la operación Cruce Político. En 2014, se entregó a agentes federales en El Paso y fue trasladado a San Antonio, donde se declaró culpable de delitos de lavado de dinero y acordó entregar los millones de dólares incautados de sus cuentas bancarias.

En ese y otros casos, los fiscales locales y federales consideraron a los bancos como víctimas de fraude. Al respecto, afirmaron que Villarreal Hernández y otros funcionarios estatales y municipales de todo México mintieron repetidamente a los empleados del banco para ocultar el hecho de que eran servidores públicos.

Según la ley estadounidense, esos funcionarios eran personas políticamente expuestas (PEP), un término que generalmente incluye a funcionarios extranjeros actuales y anteriores, e incluso a sus familias. Se espera que los bancos estadounidenses tomen medidas para saber si sus clientes extranjeros son PEP y establezcan políticas para garantizar que no laven dinero a través del sistema financiero del país.

Sin embargo, Villarreal Hernández testificó que los banqueros estadounidenses sabían que sus clientes eran servidores públicos en México: "Nunca nos preguntaron si trabajábamos para el gobierno porque ya lo sabían", dijo a un juez en mayo.

La ley de Estados Unidos exige que los bancos tomen medidas para frenar el lavado de dinero, incluida la emisión de informes sobre transacciones sospechosas. Pero los documentos judiciales en Texas plantean preguntas sobre si los bancos estadounidenses se toman en serio la eliminación del lavado de dinero, acusa la investigación periodística.