ONU concluye que los servicios de inteligencia del régimen de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad

La Misión Internacional de Investigación creada por la ONU para Venezuela presentó este martes su tercer informe anual, el cual asegura que los jefes de servicios de inteligencia civil y militar del país cometieron crímenes de lesa humanidad para reprimir a ciudadanos opositores, mediante acciones ordenadas por el dictador Nicolás Maduro.

Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”.

"El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (...) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia", indicó la Misión Internacional para Venezuela.

"El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual", afirma el informe.

Los investigadores de la ONU detallan en el texto las funciones y contribuciones de varios funcionarios del régimen en los distintos niveles de las cadenas de mando dentro de los servicios de inteligencia civil y militar.

“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, manifestó Marta Valiñas, presidenta de la Misión, en un video compartido junto al informe.

“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, agregó, instando al régimen a investigar los casos.

El informe concluye que, “la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela sigue siendo grave. El país ha soportado, durante una década, una espiral de crisis humanitaria, social, económica y de derechos humanos, acompañada por un colapso de las instituciones del Estado, todo ello agravado además por el impacto del COVID-19”, mencionando a los más de seis millones de venezolanos que han huido de su país por la grave situación.

Según un informe compartido a finales de agosto por la ONU y otras organizaciones de ayuda para responder a la crisis migratoria, la cifra de migrantes y refugiados venezolanos repartidos por varios países del mundo aumentó a 6,81 millones.

En concreto, 5,75 millones de venezolanos han llegado a países de Latinoamérica y el Caribe. Solo Colombia registró la entrada de 2,48 millones de venezolanos, informó la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

El segundo lugar lo ocupa Perú, con 1,22 millones de venezolanos; le sigue Ecuador, con 502.000 venezolanos; el cuarto lugar es para Chile, con 448.000 venezolanos; y de cuarto Brasil con 358.000 venezolanos. La lista incluye a un total de 17 países latinoamericanos que han recibido a un gran número de venezolanos que huyen de su país a causa de una grave crisis política y social.