Crimen y Corrupción
Procuraduría mexicana espió a periodistas "sospechosas" por caso San Fernando
Organizaciones civiles criticaron el uso de herramientas destinadas a combatir la delincuencia organizada para criminalizar a periodistas y activistas
Noviembre 25, 2021 2:15pm
Updated: Noviembre 25, 2021 2:18pm
La Procuraduría General de la República (PGR) espió e investigó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), a la periodista Marcela Turati, la antropóloga Mercedes Doretti y la abogada Ana Lorena Delgadillo. Las tres eran consideradas "sospechosas" en el caso de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron los restos de 196 personas.
El espionaje fue revelado por el diario estadounidense The Washington Post tras analizar una serie de documentos judiciales presentados en una corte de México.
La PGR decidió vigilar a las mujeres, incluyendo sus registros telefónicos y textos. Como parte de una investigación realizada de forma secreta la Policía Federal también mapeó sus comunicaciones.
"En México, hay una ley que otorga a los fiscales autoridad para controlar las comunicaciones de los sospechosos, encarcelarlos sin cargos y limitar su acceso a abogados. Fue aprobada en 2008 para luchar contra grupos narcotraficantes tan poderosos que el gobierno mexicano los consideraba una amenaza existencial. Sin embargo, la medida se ha utilizado en los últimos años contra políticos acusados de corrupción, ejecutivos de empresas sospechosos de fraude e incluso 31 científicos acusados de irregularidades presupuestarias", señaló The Washington Post.
La Unidad de Crimen Organizado de la PGR abrió la investigación como parte del caso de la masacre de San Fernando, aunque no hallaron pruebas de que las tres mujeres estuvieran involucradas en algún secuestro.
Tras conocerse la investigación, organizaciones civiles criticaron que la PGR utilizara herramientas destinadas a combatir la delincuencia organizada para perseguir y criminalizar a periodistas y activistas.
La periodista Marcela Turati publicó un posicionamiento en el que reprobó la actuación de la PGR.
"La Fiscalía General de la República [llamada hasta 2014 como Procuraduría] debe desistirse de esta investigación, si sigue en curso, y deslindar responsabilidades. El asedio y posible espionaje so pretexto de investigaciones contra periodistas y defensoras de derechos humanos tiene que parar", denunció.
En 2010, 72 personas, la mayoría migrantes provenientes de Centro y Sudamérica, fueron asesinadas y abandonadas en una bodega propiedad del cártel de Los Zetas ubicada en San Fernando, Tamaulipas.
Un año después, en la misma zona 193 personas fueron sacadas de los autobuses en que viajaban para ser asesinadas y enterradas en fosas comunes. En ese caso, se descubrió que la policía ayudó en las tareas de vigilancia, así como en el secuestro de algunas víctimas.
