Mujer violada pierde custodia de su hija en favor del violador. ¡Y ahora tiene que pagarle manutención infantil!

Un grupo que observa y vigila la corrupción en Luisiana ha pedido a las autoridades que investiguen el fallo reciente de un juez que otorgó a un violador acusado la custodia total de la hija de su acusadora, quien quedó embarazada cuando tenía 16 años y el padre tenía 30, y dio a luz nueve meses después.

Los registros judiciales obtenidos confirman que el juez Jeffrey Cashe también ordenó a Crysta Abelseth, de 32 años, que hiciera pagos mensuales de manutención infantil a John Barnes, el hombre que, según ella, la violó a fines de 2005.

Cashe le otorgó a Barnes, de 46 años, la custodia total de la niña el 21 de marzo de 2022, a pesar de otras acusaciones hechas por un niño de que Barnes había abusado sexual, física y verbalmente. Esas acusaciones fueron presentadas primero al Departamento de Servicios para Niños y Familias del estado por un consejero escolar. Barnes no ha sido acusado de ningún delito en relación con esas acusaciones.

"Solo quiero que mi hija esté a salvo en casa y que mi violador esté fuera de nuestras vidas para siempre", dijo Abelseth a PEOPLE. "Mi calidad de vida ha sufrido tremendamente y me ha llevado a la bancarrota financiera. Es mi fe en Dios lo que me ha mantenido fuerte por mi hija porque esto es realmente más de lo que nadie debería tener que soportar".

Los documentos judiciales incluyen resultados de pruebas de ADN, que confirman que Barnes es el padre biológico de la hija de Abelseth. Abelseth quedó embarazada cuando tenía 16 años y Barnes 30, lo que significa que el encuentro, incluso si fuera consensuado, habría equivalido a violación de menores. En Luisiana en 2005, la edad de consentimiento era 17, como lo es hoy.

Según WBRZ, la Comisión Metropolitana del Crimen, un grupo de vigilancia contra la corrupción, solicitó que una agencia externa investigue el fallo.

Sean Cassidy, abogado de la fundación sin fines de lucro Louisiana Foundation Against Sexual Assault, dice que encuentra la decisión de Cashe "terriblemente desconcertante", dadas las acusaciones. "No sé cómo sucede algo así", dice Cassidy.

WBRZ informa que Barnes posee una empresa web llamada Gumbeaux Digital Branding que cuenta con la Policía de Ponchatoula como cliente. (Abelseth alega que Barnes la violó en Ponchatoula).

"He visto algunas malas decisiones. He visto cierta indiferencia por parte de las fuerzas del orden. He visto lo que parece ser parcialidad de algunos jueces", continúa Cassidy. "Pero nunca he visto que al padre de un niño nacido de una violación no solo se le otorgue la custodia y algún tipo de pago, sino que esa persona incluso busque la custodia. No es algo que se vea".

"Absolutamente se nos cayó la pelota", admite la policía
En 2015, Abelseth presentó una denuncia ante la Oficina del Sheriff de la parroquia de Tangipahoa contra Barnes, alegando que él la había violado el 13 de diciembre de 2005, después de que ambos habían estado bebiendo en un bar en Hammond, donde Abelseth dijo que entró con un carnet falso.

Abelseth dijo a los investigadores que Barnes le había ofrecido llevarla a casa. En cambio, dijo, la llevó a su casa en Ponchatoula. "Me había despertado desnuda en el piso del baño", escribió Abelseth en su declaración, diciendo que no pudo dar su consentimiento porque estuvo inconsciente durante el encuentro. Abelseth alega además en su declaración escrita que Barnes había amenazado con buscar la custodia total de la niña, si alguna vez presentaba cargos penales contra él.

Barnes nunca ha sido acusado de un delito.

La denuncia de Abelseth de 2015 no fue asignada a un detective hasta este año, según muestran los registros judiciales. La oficina del alguacil de la parroquia de Tangipahoa reconoció en un comunicado que no investigó adecuadamente esa acusación y dijo que el caso fue entregado a los fiscales el miércoles.

"Al rastrear este caso hasta el momento en que se presentó la denuncia inicial el 1 de julio de 2015, se descubrió que el informe nunca llegó a través de los canales adecuados dentro del departamento para ser asignado a la investigación", se lee en el comunicado. "Por lo tanto, nuestro departamento dejó caer la pelota y simplemente debemos reconocer nuestro error. Sin embargo, este es un error que simplemente nunca ha sido un problema antes o después, y debemos asegurarnos de mantenerlo así".

Abelseth alega en los documentos que no denunció la supuesta violación durante años porque pensó que las víctimas solo tenían 24 horas para acudir a la policía después de que ocurrieran tales delitos. Terminó denunciando la violación después de enterarse de que el estatuto de limitaciones por violación era 30 años después de que la víctima cumpliera 18.

La batalla por la custodia comenzó después de que Barnes se enterara de que tenía un hijo
La batalla por la custodia comenzó en 2011, después de que la niña cumpliera 5 años y Barnes se enterara de que podría tener un hijo; Abelseth dice que no tiene idea de cómo descubrió la existencia de la hija. Barnes llevó a Abelseth a los tribunales, y una vez que se estableció la paternidad, Barnes buscó y se le otorgó la custodia compartida de la niña, a pesar de sus edades en el momento en que Abelseth quedó embarazada.

"Tenía la impresión de que no tenía opción de dejarlo involucrarse en la vida de mi hija", dice Abelseth. "Me estaba amenazando. Mi abogada en ese momento sabía que me violó y no me informó de mis derechos".

Según los documentos Barnes comenzó a pagar $428 al mes en manutención de la niña en abril de 2013.

El juez Cashe se hizo cargo del caso en agosto de 2015, un mes después de que Abelseth denunciara la violación a la policía, y varios meses después de que Barnes le pidiera al tribunal que la declarara en desacato por presuntamente violar algunos de los términos de su acuerdo de custodia.

Seis meses después, se llegó a un acuerdo de custodia dividida y se ordenó a Abelseth que pagara $78,41 a Barnes cada mes. Esa suma aumentó a $117.72 por mes en 2017.

Abelseth solicitó que se limitara la custodia de Barnes, pero Cashe negó esa moción. Meses después, Barnes comenzó a presentar mociones en busca de que Abelseth fuera declarada en desacato después de darle un teléfono celular a la hija; en una decisión anterior, Cashe le prohibió a la niña tener un teléfono.

El 2 de febrero de 2022, Cashe encontró a Abelseth en desacato por teléfono y se le ordenó pagar $500. Volvió a decirle a la madre que no le consiguiera un teléfono a la niña.

En una audiencia del 18 de marzo de 2022 ante Cashe, se presentaron las acusaciones de abuso infantil contra Barnes y Abelseth pidió la custodia total. Pero Cashe dijo que nunca se presentaron cargos penales contra Barnes y que la evidencia no respaldó las acusaciones de que había abusado de un niño.

Días después, Barnes solicitó la custodia total, alegando que Abelseth le proporcionó a su hija un segundo teléfono. Cashe concedió la solicitud el mismo día. Abelseth dice que las acusaciones hechas por Barnes de que ella le dio a su hija un teléfono celular eran "falsas".

Cashe no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios de PEOPLE. Pero el miércoles presentó Motivos de la Sentencia, un documento que explica sus decisiones en el caso. En él, dice que las acusaciones de que Barnes abusó de una niña solo fueron presentadas por Abelseth después de que Barnes pidió que la declararan en desacato.

Juicio de custodia programado para el 15 de julio
Cassidy le dice a PEOPLE que el juez debería haberse dado cuenta de que el encuentro sexual de 2005 entre Barnes y Ableson, con consentimiento o no, equivalía a una violación de menores. Señala que la ley estatal prohíbe a los hombres tener contacto con cualquier niño que sea producto de una violación.

Barnes no respondió a las solicitudes de comentarios en el momento de la publicación. Tampoco la oficina del fiscal de distrito de la parroquia de Tangipahoa ni el gobernador John Bel Edwards, hermano del alguacil de la parroquia de Tangipahoa, Daniel H. Edwards, así como de Frank Millard Edwards, jefe de policía en Independence, una ciudad en el condado de Tangipahoa.

El tema de la custodia de la hija está programado para juicio el 15 de julio.

"Este caso es el último ejemplo de un sistema judicial que ha fallado deplorablemente a esta víctima de violación y a su hija", dice Stacie Triche, fundadora y directora ejecutiva de la fundación sin fines de lucro SAVE LIV35, que está trabajando con Abelseth en su caso.

“Doy gracias a Dios por el consejero de trauma que le informó sobre sus derechos de presentar cargos contra su perpetrador en 2015, porque su abogado en ese momento no lo hizo. años No puedo entender cómo esta madre fue obligada no solo a entregar a su hija de 5 años al hombre que la violó, sino también a pagarle la manutención de los hijos y los honorarios legales por el mismo sistema que se supone que la protege sus derechos."

Agrega Triche: "Rezo para que se haga justicia y esa niña sea llevada a casa con su madre, donde pertenece, y el perpetrador sea puesto tras las rejas donde pertenece".

Abelseth dice que espera que su historia "aliente a las mujeres que atraviesan situaciones similares a tener esperanza y no darse por vencidas".