La Haya falla a favor de Nicaragua y dicta que Colombia debe cesar sus actividades

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró este jueves como válidas las denuncias de Nicaragua sobre la violación de su "soberanía y jurisdicción" por parte de Colombia al otorgar permisos de pesca a buques colombianos que interfieren en las tareas de investigación científica marina nicaragüense en aguas de Managua.

En un fallo definitivo y vinculante, el tribunal de la ONU se pronunció sobre lo que consideró una violación de los "derechos de soberanía y jurisdicción" de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE), y ha exigido a Colombia que "cese inmediatamente su conducta" en esa zona.

La CIJ vio esa violación en la autorización por parte de Bogotá de actividades pesqueras de buques colombianos en aguas nicaragüenses, y en su "interferencia con las actividades de investigación científica marina y de pesca de buques de bandera o licencia nicaragüense y con las operaciones de buques navales" en aguas de Managua.

Además, consideró que el decreto presidencial colombiano de 2013 que estableció una "zona contigua integral" desde tierra firme hasta el archipiélago, que omite la delimitación fijada por la CIJ en un fallo anterior de 2012 (reafirmado hoy por el tribunal), "no se ajusta al derecho internacional consuetudinario."

En una valoración de Bogotá, Carlos Gustavo Arrieta, agente colombiano ante la CIJ, interpretó que el fallo contiene "un pequeño regaño por algunas operaciones de la Armada (colombiana) en alguna zona", pero que el tribunal "consideró que no eran grandes infracciones al derecho internacional y no les atribuyó consecuencia" para Bogotá.

"Hemos logrado lo que era esencial para Colombia, que era mantener la libertad de navegación en la zona y la presencia de la Armada, mantener la integridad del archipiélago y reconocer a la comunidad raizal para que pueda pescar en la zona. Estamos muy contentos", dijo.

La Corte pidió a Bogotá y Managua que busquen acuerdos bilaterales sobre la situación de la comunidad raizal, para que puedan acceder y explotar sus caladeros tradicionales en aguas nicaragüenses, algo que Arrieta consideró "decisiones políticas" y "de los gobiernos", y prometió que Bogotá analizará la sentencia y "procederá en consecuencia".

Sin embargo, sobre el punto en el que la Corte exige a Colombia que "cese inmediatamente su conducta", Arrieta lo interpreta de otra manera.

"No nos ordenaron que cesáramos nuestra presencia en aguas nicaragüenses, eso no es cierto, lo que dijeron es que no podíamos realizar operaciones de control ambiental porque eran atribuciones de Nicaragua, pero nunca nos ordenaron que no estuviéramos presentes o que saliéramos de la zona, nunca, en ninguna parte", interpretó Arrieta.

El fallo, añadió el agente colombiano, mantiene "las posibilidades de que la Armada colombiana esté allí y realice operaciones contra el crimen organizado en la zona".

Este fallo tiene su origen en una sentencia de la CIJ emitida en 2012, por la que Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que incluye también los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla, Bajonuevo, Alburquerque, Cayo Este-Sudeste y Quitasueño.

También conservó doce millas náuticas de agua que rodean estos territorios, pero perdió a favor de Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar de la zona económica.

Nicaragua denunció entonces ante la CIJ que Colombia había violado el derecho internacional al no aplicar esta sentencia porque su Armada opera en aguas del Caribe que no le corresponden y Bogotá emitió el decreto que establecía una "zona contigua integral".

En respuesta, Colombia contrademandó a Nicaragua ante la CIJ alegando que el país "ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal", ya que sus bancos de pesca tradicionales estaban fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en la sentencia anterior, reportó Efe.

Además, también argumentó que Nicaragua emitió ese decreto presidencial que consideró "contrario al derecho internacional" y que está relacionado con los puntos y líneas a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Caribe, buscando "adjudicar unilateralmente áreas marinas en detrimento de Colombia".

Nicaragua y Colombia vienen disputando la soberanía del archipiélago de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina desde hace décadas, y las actividades en las aguas en disputa han sido fuente de varias controversias.

¿Cómo empezó el conflicto?

En 2001 Nicaragua demandó a Colombia porque para el país centroamericano todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos le pertenecían. 

La pretensión del país centroamericano era que la CIJ declarara que todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos le pertenecían.

Colombia mantuvo su convicción de que el tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928, era el que regía y respaldaba su soberanía. Posteriormente el país suramericano reconoció la soberanía y el pleno dominio de la República de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos. 

Pero Nicaragua también reconoció la soberanía y el pleno dominio de de Colombia sobre las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Calina, incluyendo los 7 cayos que forman parte del archipiélago.

En 2007 hubo un fallo de la CIJ, que otorgó a Colombia una victoria anticipada, ratificando que el archipiélago le pertenecía.

El 19 de noviembre de 2012, la Corte volvió a ratificar la soberanía de Colombia sobre el archipiélago, pero también entregó a Nicaragua 76.000 kilómetros cuadrados de un área que antes era parte de la zona fronteriza de Colombia.

Sobre este fallo en 2012, el entonces presidente Juan Manuel Santos afirmó en un discurso presidencial que "aunque no desconocía el fallo, no podía aplicarse hasta que se firmara un tratado con Nicaragua, porque así lo establecía la Constitución colombiana".

Esta posición se apoyó en la creación de la Zona Contigua Integral, una medida que permitió a Colombia ejercer su jurisdicción en las aguas del archipiélago.

Esta figura, inédita en el derecho internacional, no fue admitida por Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega apeló a la Corte y alegó que "Colombia irrespetó los derechos de Nicaragua al crear la Zona Contigua Integral, que se superpone a un territorio que les fue otorgado en el fallo de 2012."

Los reclamos fueron y vinieron. Nicaragua le dijo a la Corte que Colombia no cumplió con el fallo de 2012, mientras tanto Colombia en su defensa en la fase escrita entre 2013 y 2019, respondió a la posición de Nicaragua y presentó cuatro contrademandas, de las cuales dos fueron aceptadas y ahora el gobierno colombiano está a la espera de que se programen las audiencias.