Piden a la Justicia venezolana anular la norma que pena la homosexualidad en las Fuerzas Armadas

La ONG Acceso a la Justicia pidió el miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que acelere el proceso de revisión de un artículo del Código Orgánico de Justicia Militar que pena con prisión la homosexualidad.

“Exigimos que esto (la revisión) se acelere y haya un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la norma que pone en manifiesto una política de Estado regresiva respecto a los derechos humanos”, indicó a EFE por teléfono Alí Daniels, director de la organización.

La norma, cuya nulidad fue solicitada en diciembre de 2016 por la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, establece lo siguiente:

“El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen a su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura”.

Según la organización, la norma castiga a los militares que mantengan relaciones consensuadas con personas de su mismo sexo, por considerar que los uniformados venezolanos perderían su dignidad.

La norma “ha dado pie para la persecución institucionalizada a las personas con una orientación sexual a personas del mismo sexo (homosexuales, lesbianas y en ciertas ocasiones, a personas bisexuales), pero que también abarca a personas transgéneros, transexuales e intersexuales, en lo adelante: LGBTI”, continúa la ONG.

El noviembre pasado, la Sala Constitucional dictó una sentencia en la que admitió “el recurso de nulidad” contra el artículo 565 del COJM que interpuso Venezuela Igualitaria por ser “discriminatoria contra las personas homosexuales”.

Como recurso para llevar a cabo la denuncia, Venezuela Igualitaria mostró el caso de un soldado adscrito al Batallón de Infantería Motorizada Justo Briceño, que fue detenido y condenado por “mantener relaciones sexuales con otro hombre”.

Acceso a la Justicia considera que existen “motivos para el optimismo”, ya que la revisión se encuentra en manos de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, que “fue la única de los magistrados que se opuso al fallo de 2008 que no legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo”.