INFORME: 275 protestas contra régimen cubano en enero

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), organización con sede en Miami, reportó 275 protestas antigubernamentales en el mes de enero de 2022 en Cuba, según su último informe publicado este 2 de febrero.

Unas 160 (58% del total) estaban relacionadas con los abusos, arbitrariedades judiciales y condenas a participantes pacíficos del 11 de julio, así como con maltratos en las cárceles, precisó el OCC.

De acuerdo con la metodología usada por la organización, se registran como manifestación pública las acciones que expresan de manera individual o colectiva el rechazo ciudadano a disposiciones oficiales, instituciones o autoridades.

Las protestas por razones económicas y sociales sumaron unas 100 (36%), relacionadas con la unificación monetaria y cambiaria (Tarea Ordenamiento), la inseguridad ciudadana, la violencia doméstica, robos y asaltos.

La represión amplió la base social de la oposición, “que ahora incluye a grupos de izquierda. El éxodo migratorio que ahora impulsa la élite de poder nunca llegará a incluir a la mayoría de la población que pese al terror del 11J y a consecuencia precisamente de esa represión y la miseria cotidiana, sigue rechazando el sistema vigente”, agrega el texto.

OCC también señaló el valor que tienen estos hechos que visibilizan la situación cubana. Tales acciones se transforman “con rapidez en noticia que trasciende y, según el caso, puede convertirse en titular de un medio de prensa internacional”.

“Con la detención de más de 1377 personas y el procesamiento judicial de 790, según datos del Justicia 11J, hoy se ha multiplicado el número de presos políticos que existía en el 2020 (135) antes del 11J y ello ha creado un potencial de activismo familiar que no existía antes de esta indiscriminada violencia represora”, destaco el informe anual de OCC.

El Observatorio Cubano de Conflictos alerta además, que se avecina una hiperinflación que puede incitar a nuevos estallidos sociales de mayor magnitud que los del verano de 2021 por un empeoramiento económico, y que la violencia, normalizada por el Estado, podría expandir el recurso a la misma en la población como método para solucionar conflictos.