Policiales
El Salvador exigen a reclusos pagar por la comida y el papel higiénico que consumen
Los familiares de los reos en El Salvador pagan 35 dólares por alimentos, 15 dólares por artículos de higiene, 30 dólares por ropa, 20 dólares por limpieza y 70 dólares por artículos varios
Febrero 20, 2023 7:18pm
Updated: Febrero 21, 2023 12:04am
Los familiares de los reclusos de varias cárceles de El Salvador son obligados, desde diciembre de 2022, a comprar paquetes de comida en el penal, uno al mes por 170 dólares, por orden del gobierno de Nayib Bukele.
Según Infobae, los familiares pagan 35 dólares por alimentos, 15 dólares por artículos de higiene, 30 dólares por ropa, 20 dólares por limpieza y 70 dólares por artículos varios.
La Dirección General de Centros Penitenciarios (DGCP) de El Salvador comenzó a realizar los cobros obligatorios de 170 dólares en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca y en al menos otros dos penales, en Apanteos e Izalco. Los familiares no pueden ingresar productos adquiridos fuera del penal.
La investigación no identificó el destino del dinero porque "Nayib Bukele ha declarado confidencial toda la información sobre las cárceles y sus políticas de seguridad".
El medio argentino estima que El Salvador debería tener un ingreso mensual de 17 millones de dólares, tomando en cuenta que, a marzo de 2022, el sistema penitenciario del gobierno de Bukele tiene unos 64.000 reclusos, a los que se han sumado otros 40.000 desde que se decretó el régimen de excepción hace un año.
El pasado martes 14 de febrero, el gobierno salvadoreño prorrogó el estado de excepción por otros 30 días. Durante esta medida, que recibió luz verde en el Congreso, han sido detenidos unos miles de presuntos pandilleros; sin embargo, organizaciones internacionales denuncian que algunas de las detenciones han sido "arbitrarias".
El decreto recibió luz verde de 67 de los 84 diputados de la legislatura, controlada por el partido gobernante.
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó que del total de detenidos (en el marco de la política de seguridad), más de 3.000 han sido "liberados", ya que no se les ha probado ningún delito.