Nuevo Código Penal cubano: amenaza de muerte para frenar el cambio

La consigna “Patria y Vida”, nuevo santo y seña de la resistencia cubana en oposición al viejo lema del castrismo “Patria o Muerte”, se repitió durante el año 2021 en canciones, comentarios de redes sociales y pintadas en los muros, coreada por miles de ciudadanos durante las manifestaciones del mes de julio, que pasaron a la historia con el nombre de “11J”.

A los diez meses de las mayores protestas ocurridas en Cuba en 60 años, el gobierno del Partido Comunista y su primer secretario Miguel Díaz-Canel aprobó un Código Penal que arroja una sombra de muerte sobre cualquier movimiento que busque un cambio de sistema en la isla.

En mayo último la Asamblea Nacional (Parlamento), aplaudió la nueva legislación redactada en sesión extraordinaria, con la esperanza de conjurar algunas de sus pesadillas: el activismo de oposición, las asociaciones políticas disidentes, el periodismo independiente y la protesta social. El Código remplaza el de 1987 y amplía de 20 a 23 las figuras delictivas sancionables con la pena de muerte, incluidos 15 delitos contra la “seguridad del Estado”.

Aunque el gobierno promueve el nuevo texto legal como un código “moderno”, “garantista” y “educativo”, debido a que agrega temas como la cibercriminalidad, los delitos medioambientales, y las tramas delictivas transnacionales, expertos y activistas de la sociedad civil lo critican por legalizar la represión de derechos fundamentales del ser humano y mantener la pena de muerte.

En un comunicado conjunto el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la Red Femenina de Cuba (RFC) y la Asociación de Madres y Familiares 11J por la Amnistía (AMFA), declararon que “el Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva cubana, que criminaliza sin ningún reparo la disidencia no violenta”.

El abogado Fernando Almeyda, asesor de la ONG Prisioners Defenders, denunció en un artículo que con esta ley la represión en Cuba “llega a un nuevo nivel, institucionalizando la violencia a favor de los intereses del Estado” y que “penaliza por completo la existencia del disenso”.

Según el Artículo 33.1. del anteproyecto del Código Penal, la sanción de muerte se cumple por fusilamiento, tiene carácter excepcional y no se puede imponer a menores de veinticinco años ni a las mujeres.

Raudiel Peña Barrios, máster en Derecho Constitucional, critica en la revista Agenda Estado de Derecho “el carácter profundamente represivo del nuevo Código Penal, que procura impedir que las personas se manifiesten y opongan sus derechos fundamentales al Estado”.

Agrega que la formulación de las conductas tipificadas como delito “es muy amplia, lo que posibilita usar el derecho penal con base en la discrecionalidad estatal, y no se ajusta a la regla que establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos sobre la prohibición de redactar tipos penales abstractos, vagos, amplios o ambiguos”.

Pelotón de fusilamiento: de la Sierra Maestra al nuevo Código Penal

En la historia constitucional cubana anterior a la revolución de 1959 se prohibía aplicar la pena capital por motivos políticos, algo que comenzó a cambiar con el alzamiento de Fidel Castro en las montañas de la Sierra Maestra.

Durante 1957, primer año de la guerra contra Fulgencio Batista, según los cálculos del profesor Armando M. Lago citados por el historiador Rafael Rojas, habrían sido ejecutados 46 hombres en las montañas, una cifra mayor que las 35 bajas sufridas por los guerrilleros. En 1958, el número de fusilados ascendió a 49, que, en su mayoría, no eran soldados del gobierno, si no campesinos locales que cometían robos y otros delitos comunes en las zonas donde operaba la guerrilla, o por ser considerados informantes.

Con la toma del poder por Fidel Castro, se restablecieron los fusilamientos como práctica de Estado, e incluso se condenó a muerte con efectos retroactivos a supuestos responsables de crímenes durante el antiguo régimen. En la guarnición de La Cabaña, en La Habana, bajo el mando del argentino Ernesto “Che” Guevara, se llevaron a cabo las ejecuciones de personas presuntamente vinculadas a la dictadura de Batista, así como de los opositores al nuevo proceso político.

Un fragmento del discurso de Guevara ante la Asamblea General de la ONU, en diciembre de 1964, habla elocuentemente sobre el terror revolucionario recién instaurado: “Sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba”.

La organización Archivo Cuba ha registrado al menos 3051 ejecuciones por armas de fuego durante los 63 años de “Gobierno revolucionario” en la isla. Ni siquiera el condecorado general de División Arnaldo Ochoa Sánchez escapó de sus antiguos compañeros de armas y el autoritarismo de Fidel Castro.

Ochoa, considerado un posible rival de Castro por su influencia en el ejército, murió fusilado en La Habana el 13 de julio de 1989, junto al coronel Antonio de la Guardia Font, el capitán Jorge Martínez Valdés y el mayor Amado Padrón Trujillo. Los cuatro fueron acusados de alta traición y lesiones graves “al prestigio de la Revolución y su credibilidad internacional”, por su presunta vinculación al narcotráfico a espaldas a Fidel y de su hermano, el general de Ejército Raúl Castro, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas.

La pena de muerte en Cuba se aplicó por última vez en abril de 2003 y desde ese año está en moratoria. Tras un juicio sumario fueron asesinados los jóvenes Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, que intentaron desviar hacia Miami una lancha de pasajeros del transporte público, mientras hacía la ruta entre el municipio Regla y La Habana.

¿Por qué no se aplicó otra sanción severa que preservara sus vidas? Fidel Castro afirmó sobre el caso, en un acto público: “La Revolución Cubana fue puesta en el dilema de proteger la vida de millones de compatriotas, sancionando con la pena capital, legalmente establecida, a los tres principales secuestradores de una embarcación de pasajeros; [fueron] estimulados por el gobierno de Estados Unidos que trata de alentar el potencial delictivo de carácter común para asaltar barcos o aeronaves (…) desatando una ola de secuestros, ya en pleno desarrollo, ¡que había que parar en seco!”.

Ramona Copello, madre uno de los fusilados, en declaraciones a la Televisión Española responsabilizó de las muertes al dictador: “él mandó a matar tres gentes, que ni hicieron terrorismo, ni pusieron bombas, ni mataron a nadie, ni asesinaron a nadie”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el carácter sumarísimo del juicio y denunció violaciones del debido proceso. La ejecución fue “una privación arbitraria de la vida”, señaló la CIDH.

Según el abogado y columnista de temas jurídicos Eloy Viera, “la utilización de procesos sumarísimos acompañados de los fusilamientos demuestra la necesidad del Poder cubano de contar con una herramienta de terror a la que echar mano siempre que tengan necesidad de enviar un mensaje rápido y contundente” a sus opositores y a la población.

Por eso, a pesar de que la pena de muerte está en moratoria desde 2003, y que al último condenado le fe conmutada la sentencia en 2010, el régimen no ha dejado de amenazar con aplicarla si lo estimara conveniente para preservar el statu quo. Raúl Castro, a quien su hermano Fidel cedió la presidencia, adelantó un argumento político para justificar el reconocimiento legal a las ejecuciones en Cuba, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de 2013.

“Nuestras leyes permiten la pena de muerte. Está suspendida, pero ahí está de reserva. Porque una vez la suspendimos y lo único que hicimos con ello fue estimular las agresiones y los sabotajes contra mi país”, aseguró el general.

La justificación de Raúl Castro continúa siendo válida para los dirigentes comunistas cubanos. Durante las sesiones parlamentarias previas a la aprobación del nuevo código, cuando la diputada cristiana María Armenia Yi expresó su desacuerdo con la pena de muerte, Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo y protagonista de un video filtrado que prueba la inexistencia de justicia independiente en Cuba, aseguró que ejecutar responde a la “necesidad de defensa de la sociedad y nuestro país”. El funcionario agregó que “desde hace más de 20 años no se aplica [la pena capital], y esperamos que no haya necesidad de aplicarla en mucho tiempo”, informó Cubadebate.

En abril pasado, Cuba rindió cuentas ante la Convención en Ginebra (Suiza), y condicionó la eliminación de la pena de muerte a un cambio en las relaciones con Estados Unidos. “La decisión tendría que estar vinculada al cese de la política de hostilidad y agresión practicada contra Cuba por el Gobierno de Estados Unidos”, dijo la delegación cubana, según la relatoría de Naciones Unidas.

El nuevo Código Penal descarta condenar con la pena máxima las agresiones sexuales (incluyendo la pederastia con violencia y violación, como lo hacía la ley de 1987), la corrupción de menores y el robo con violencia. En cambio, introduce nuevos delitos contra la seguridad del Estado, como la “toma de rehenes”, “actos contra la seguridad de la navegación marítima; contra la seguridad de la aviación y los aeropuertos; y contra las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental e insular”.

El abogado Eloy Viera añade que “el nuevo Código es ilustrativo de la lógica del régimen de emplear la pena de muerte para disuadir a quienes intenten adversar al poder, o poner en riesgo su estabilidad, pero no la entienden de igual forma como un mecanismo para defender a los ciudadanos de los poderes o las extralimitaciones de los funcionarios estatales”.

La Federación Internacional de Derechos Humanos pide la abolición universal ante cualquier delito y en cualquier circunstancia. Advierte que la pena de muerte en general se dicta tras juicios injustos y su aplicación a menudo tiene carácter discriminatorio.

Dos tercios de los países del mundo la han abolido en su legislación o en la práctica. La mayoría de los países latinoamericanos también la proscriben, incluyendo aliados del régimen de Cuba como Nicaragua, Venezuela, México, Argentina y Bolivia.

Pero en Cuba se amplía la pena de muerte a fin de blindar al gobierno contra un cambio definitivo. Uno de los delitos reconocidos en el Código Penal y castigados con “privación de libertad de diez a treinta años, privación perpetua de libertad o muerte”, es el de sedición, descrito en el Artículo 121 como el cometido por “quienes, tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista (…)”. La pena capital podría aplicarse si la supuesta sedición “se comete en situaciones excepcionales, de desastre o afecta la seguridad del Estado, o durante grave alteración del orden público, o en zona militar, recurriendo a las armas o ejerciendo violencia”.

De sedición fueron acusados decenas de manifestantes del verano pasado, principalmente en los focos de protesta de Toyo y La Güinera, en la provincia de La Habana, donde algunos ciudadanos respondieron con piedras a la arremetida policial y militar, acompañada de disparos y detenciones violentas a personas que protestaban pacíficamente. Según el grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J, hasta la publicación de este artículo, al menos 162 personas enfrentaron cargos de sedición y varias de ellas fueron sentenciadas a largas penas.