Bajo amenazas y militarización avanza juicio contra 33 manifestantes de Güira de Melena

El juicio contra los 33 manifestantes de las protestas del 11 de julio anterior en Güira de Melena, provincia Artemisa, procesados en la sala de delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal de Diez de Octubre, avanza con fuertes amenazas y militarización.

Ángel Delgado, esposo de la presa política Lizandra Góngora Espinosa, contó a Radio Televisión Martí que durante la vista hubo amenazas contra familiares y acusados por parte del oficial que preside el tribunal militar y les preguntaron si estaban arrepentidos de su participación en las manifestaciones del 11 de julio anterior.

“El coronel jefe de la sala nos dijo que mantuviéramos el orden y la calma porque ellos tenían otros métodos para controlar que nosotros nos calmáramos, amenazándonos prácticamente allí dentro del tribunal. La mayoría de los acusados se retractó, expresaron su arrepentimiento, hablaron de su agradecimiento a la revolución por la educación, imagínate que ellos pueden enfrentar muchos años de prisión y tienen que hacer algo por salir para afuera", añadió Delgado.

Sin embargo su esposa junto al periodista independiente Jorge Bello Domínguez, acusados de sabotaje con carácter continuado, desacato, desórdenes públicos y robo con fuerza, se mantuvieron firmes en sus declaraciones ente el tribunal militar.

"Jorge Bello, Lizandra y algunos más, sí se mantuvieron firmes por su participación en las protestas del 11 J, expresaron que ellos no tenían que pedir disculpas, ni arrepentirse de nada, porque lo que ellos habían hecho estaba correcto, que fue pedir libertad y pedir los derechos del pueblo de Cuba", señaló Delgado.

Dicho juicio, que inició el 7 de marzo, fue grabado por las autoridades.

En las afueras del tribunal de Diez de Octubre, La Habana, quedaron decenas de familiares de los acusados, ya que solo podía entrar una persona al juicio.

Allí había un gran operativo policial y militar, con las llamadas 'boinas rojas' y 'boinas negras'.

El juicio contra los 33 manifestantes concluirá el viernes 11 de marzo.

De acuerdo con las Conclusiones Provisionales de la Fiscalía Militar, los imputados, junto otros cientos de personas, se dirigieron hacia entidades comerciales que recaudan moneda libremente convertible 'destinadas a satisfacer necesidades básicas de la población' con la finalidad de "destruirlas, como muestra de inconformidad con el objeto social de las mismas".