Derechos Humanos
Activista cubana exige a EEUU que revele nombres de funcionarios comunistas sancionados
“Quien dio la orden de combate fue Miguel Díaz-Canel. Ninguna sanción tiene el asesino en jefe”, criticó la artista y defensora de derechos humanos Salomé García Bacallao, miembro de la ONG Justicia 11J
Julio 14, 2022 2:33pm
Updated: Julio 14, 2022 2:47pm
La activista por la democracia e intelectual cubana Salomé García Bacallao, pidió este martes al Departamento de Estado de los Estados Unidos que publiquen los nombres de funcionarios del régimen de La Habana sancionados por su responsabilidad en reprimir las protestas del verano pasado.
“Quien dio la orden de combate [contra los manifestantes] fue [el presidente] Miguel Díaz-Canel. Ninguna sanción tiene el asesino en jefe. ¡Exigimos que los nombres de las personas sancionadas sean públicos!”, afirmó en Twitter la artista y editora, miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Políticas Justicia 11J.
García Bacallao respondió a una noticia sobre el reinicio del programa de refugio en la embajada de La Habana, que hay “0 [cero] acciones concretas anunciadas por el subsecretario de Estado Brian A. Nichols para apoyar a las personas que se oponen a la dictadura cubana, a los presos políticos que han sido excarcelados después de terminar su sentencia en juicio sumario por manifestarse el 11J”.
Este fin de semana dirigentes del régimen de Cuba reaccionaron con críticas a las restricciones de visado impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a 28 funcionarios comunistas y directivos de medios de propaganda, por estar implicados en la represión de las protestas antigubernamentales de julio de 2021 (11J), las más grandes en la isla tras la consolidación de la dictadura comunista hace seis décadas.
“Ridículo anuncio del gobierno imperial. El pueblo cubano siempre derrotará la agresión del imperio”, afirmó en Twitter el gobernante Díaz-Canel, presidente designado por el general Raúl Castro.
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, achacó las manifestaciones populares del verano pasado a un supuesto plan de la Casa Blanca, y aseguró que las sanciones recién anunciadas son una represalia “ante fracaso en intento de provocar en Cuba una sublevación”.
El canciller alega que las “reiteradas medidas coercitivas” del Departamento de Estado de EE. UU. “son actos violatorios del derecho internacional y la Carta de la ONU”.
El Departamento de Estado anunció el sábado 9 de julio las restricciones de visado a 28 funcionarios cubanos responsabilizados por la fuerte represión a las manifestaciones. Este sábado, explicó en un comunicado que las medidas están basadas en la Proclamación Presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano y del Partido Comunista de Cuba, a la vez que “refuerzan el compromiso del gobierno de los Estados Unidos de apoyar una mayor libertad y oportunidades económicas para el pueblo cubano”.
Entre los 28 sancionados se incluyen funcionarios “implicados en la represión de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021”, varios de ellos “miembros de alto rango del Partido Comunista de Cuba, responsables de establecer políticas a nivel nacional y provincial”, detalló el Departamento de Estado, aunque sin publicar los nombres de los funcionarios y altos cargos en cuestión.
“En lugar de garantizar la seguridad del pueblo cubano y el respeto de sus libertades de expresión y reunión pacífica, estos funcionarios permitieron o facilitaron detenciones violentas e injustas, juicios falsos y penas de prisión durante décadas para cientos de manifestantes”, agregó la entidad.
Otros sancionados con las medidas recién anunciadas trabajan en los medios de comunicación oficialistas, desde donde “formulan e implementan políticas que restringen la capacidad de los cubanos para acceder y compartir información libremente”, y “participan en la difusión de desinformación”.
El Departamento de Estado subrayó que el anuncio de restricciones de visa es una respuesta directa a las acciones de los funcionarios del gobierno cubano que “limitan el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos”.
“Esta acción se basa en esfuerzos anteriores para promover la responsabilidad de los funcionarios cubanos que permiten los ataques de su gobierno a la democracia y los derechos humanos, incluidas las tres rondas de restricciones de visas del Departamento desde noviembre de 2021 bajo la Proclamación Presidencial 5377, así como las cuatro rondas de sanciones financieras del Departamento del Tesoro”, concluyó la comunicación.