Militares colombianos aceptan responsabilidad en el caso de los llamados "falsos positivos"

Al menos 10 militares y un civil reconocieron este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el asesinato de al menos 120 personas en la zona del Catatumbo, del departamento de Norte de Santander, al noreste de Colombia.

Este reconocimiento de responsabilidad se produjo en relación con el caso 03, también conocido como "asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado", mejor conocido como "falsos positivos".

Según el magistrado Eduardo Cifuentes, contrastó la participación de las víctimas y la colaboración de los responsables para establecer una radiografía más completa de los falsos positivos en Norte de Santander, una de las regiones más afectadas por ese delito.

“La justicia determinó que los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado fueron el resultado de una política institucional que estableció el cuerpo del enemigo caído en combate como el indicador principal del éxito del esfuerzo militar”, aseguró Cifuentes.

Dentro de los miembros que asumieron su responsabilidad se encuentra el suboficial retirado Néstor Guillermo Gutiérrez, cabo primero durante la época y excomandante de escuadra en la Brigada Móvil 15.

"Reconozco mi responsabilidad a título de coautor en los crímenes y homicidios que cometí. No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice, porque cometí delitos. Asesinamos personas inocentes, campesinos”, sostuvo Gutiérrez en el acto de reconocimiento llevado a cabo en Ocaña (Norte de Santander) frente a sus víctimas.

En esa línea, explicó que entre 2007 y 2008 lo que ocurrió con los 'falsos positivos' fue un fenómeno delictivo, pero que no ocurrió sólo en ese momento, reportó el medio colombiano El País.

"No fue sólo en ese momento, ya era como una política que se llevaba dentro de las filas, no de todos los militares ni de toda la institución, porque hay gente buena, pero también, como vimos, gente mala", dijo el exmilitar. 

Durante su declaración, Gutiérrez contó que en ese momento había presión para dar resultados, y explicó que llegó a un prostíbulo y elaboró una lista de personas con nombres que le dio el gerente. "A los grupos guerrilleros no los encontrábamos, pero teníamos que dar los resultados".

Esta lista, explicó, tenía registradas a unas 15 personas, las cuales “empezamos a ejecutar a los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no pensaba en el daño que estaba haciendo, en ese momento no medía las consecuencias”.

Añadió que habían inventado un teatro para mostrar un supuesto combate, debido a la presión del alto mando.

“Yo ejecuté, asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños. Disparándoles, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que era un combate, que eran guerrilleros, y manchar el nombre de esa familia, destruirla, dejar unos hijos sin padre, dejar unos padres sin hijos", dijo el exmilitar mirando a las víctimas.

El militar detalló además los asesinatos de varios campesinos de la región del Catatumbo con nombre y apellido, y reiteró que no eran guerrilleros, sino civiles inocentes.

Los demás comparecientes son los militares retirados: Galadier Rivera Jácome, oficial; Rubén Darío Castro, oficial; Paulino Coronado Gámez, brigadier general; Santiago Herrera Fajardo, coronel; Alexander Carretero Díaz, civil; Gabriel Rincón Amado, teniente coronel; Mauricio Pérez Contreras, suboficial; Álvaro Tamayo, teniente coronel.

Si hay reconocimiento y conformidad durante las audiencias, se realizará una resolución de conclusiones que serán enviadas a la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz que será la encargada de definir las sanciones correspondientes, indicó Infobae.

“Yo reconozco mi responsabilidad a título de coautor de crímenes de guerra y lesa humanidad (…). No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos”, arrancó diciendo en su intervención el cabo primero (r) Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar.#ReconocerParaNoRepetir pic.twitter.com/okEbMOyvyH

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) April 26, 2022

 

Este miércoles, durante la segunda audiencia pública, la primera persona en intervenir fue Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, desaparecido el 23 de agosto de 2008 y hallado muerto dos días después en Ocaña. Ella y su familia vivían en el municipio de Soacha cuando se enteraron de que habían identificado a su hijo como guerrillero caído en combate, reportó CNN.

“Me da pesar, me da lástima que por unos malos dañaron toda una institución. Las personas que nos debieron haber cuidado a nosotros, a toda una ciudadanía. Nos hicieron daño y muchísimo a las madres, al barrio, a la comunidad. Entonces, hoy sí les pido el gran favor de que digan la verdad. Díganlo, pero con nombres propios”, dijo Gómez.

Según informó la JEP en un comunicado, el 31 de mayo, así como los días 2 y 6 de junio en Bogotá, el secretariado de las extintas FARC tendrá su audiencia de reconocimiento por su responsabilidad en casos de secuestro.

"La Sala les imputó el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, así como otros crímenes cometidos en relación con los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado", detalló el comunicado.

Explicaron en el documento que después de estas audiencias de reconocimiento, está previsto que en julio la JEP emita la primera resolución de conclusiones para que el Tribunal de Paz imponga las sanciones correspondientes.

En julio de 2021, la JEP imputó cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales perpetradas en la región del Catatumbo.