La ONU pide a Colombia una investigación independiente donde murieron 11 presuntos disidentes de las Farc

Una delegación de representantes de derechos humanos de la ONU pidió este lunes a Colombia que investigue de forma independiente la operación militar en la que habrían muerto 11 presuntos disidentes de las FARC en Putumayo (frontera con Ecuador), informaron medios locales.

Lo que comenzó como una operación militar habitual, acabó desencadenando un conjunto de críticas al Ejército colombiano y al presidente de este país, Iván Duque, cuando una investigación periodística reveló indicios que sugieren que al menos cuatro personas desarmadas habían muerto en la operación de Putumayo, y que las fuerzas militares habían alterado pruebas en el lugar de los supuestos enfrentamientos.

La investigación realizada por los medios colombianos Vorágine, El Espectador y Cambio calificaron lo sucedido como una “masacre”. 

Según estos medios, testimonios recogidos de la comunidad vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo, afirmaron que los soldados llegaron a la vereda vestidos de negro y usando capuchas, con las que habrían manipulado los cadáveres de civiles para hacerlos parecer combatientes.

La ONU Derechos Humanos Colombia, emitió un comunicado público a través de Twitter en donde exponen sus perspectivas sobre lo acontecido al sur del país por parte de las Fuerza Pública.

El organismo insta a la Fiscalía colombiana a realizar una investigación exhaustiva e independiente para garantizar “los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” y “recomendamos que se tomen todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Alto Remanso, Putumayo”.

LAS DOS CARAS DE LA OPERACIÓN MILITAR EN PUTUMAYO

Según los testimonios de los habitantes, los disparos comenzaron a las siete de la mañana del lunes, cuando ya había mujeres y niños en las calles, reportó la BBC. Pero la investigación periodística reveló que había detalles de la versión oficial que no coincidían con la evidencia testimonial y fotográfica.

Por ejemplo, aunque era claro que sí había habido hombres armados en la vereda, el número de personas reportadas como armadas no coincidía con el número de armas incautadas.

"Lo que nosotros encontramos es que la operación del ejército se desarrolló en medio de población civil. Segundo, que sí había personas armadas allí porque estaban en medio de un bazar de tres días que había convocado la comunidad y al menos había unas 5 personas ahí armadas", le cuenta a BBC un periodista del portal Vorágine.

Una versión revelada por Semana, informó que el Ejército contaba con una emisión o una orden de operación. Hasta el 26 marzo, se inició la exploración y el despliegue de equipos y se analizó la presencia de 350 civiles en un bazar en la vereda, organizado por integrantes de Comandos de Frontera, del frente 48 de las disidencias de las Farc, de la Segunda Marquetalia.

En la operación se incautaron cinco fusiles, una pistola, 182 cartuchos de calibre 7,62 mm y 561 cartuchos de calibre 5,56 mm. También se confiscó una suma de 9.850.000 pesos.

Los militares niegan haber incautado más dinero o haberlo tomado a la fuerza, lo cual contrasta con la versión de algunos habitantes de la zona.

Según Semana, otro punto a resaltar es que el Ejército reconoce que sus hombres iban vestidos de negro, pero aseguran que ese es el traje que utilizan las unidades dedicadas a las operaciones especiales contra el narcotráfico.

El comandante de las fuerzas militares colombianas, el general Eduardo Zapateiro, afirmó que la operación estaba "de acuerdo con el derecho humanitario".

Sin embargo, levantó una polémica en las redes sociales cuando aseguró que “ésta no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad que son combatientes”, reportó BBC

El ministro de defensa, Diego Molano, por su parte, explicó que las fuerzas militares se encargarían de entregar toda la información que pudiera ayudar a clarificar las incertidumbres del operativo militar.

"Frente a esa operación lo que es claro es que se hizo contra esas estructuras en cumplimiento de las normas de ley. Presentaremos los informes a la Procuraduría y esperaremos que la Fiscalía haga la definición de quienes quedaron neutralizados en esa operación", dijo Molano.

El operativo en Putumayo hizo que al menos 36 legisladores presentaron una moción de censura contra el ministro de defensa, argumentando que "los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, son de extrema gravedad".

Según la cadena británica BBC, las críticas se dirigen especialmente a la política de seguridad del gobierno. Según este medio, el gobierno de Duque ha puesto en marcha una estrategia de lucha contra el narcotráfico que no responde al conflicto actual.

La estrategia del gobierno, explica la BBC, se basa en la política de seguridad democrática, herencia del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que contribuyó a diezmar el poder de la estructura jerárquica de las FARC.