Colombia registra un número récord de activistas asesinados en 2022

Colombia ha visto un número récord de líderes sociales y activistas asesinados en 2022, dijo el lunes la Defensoría del Pueblo del país sudamericano. 

Al menos 215 activistas de derechos humanos y líderes sociales -líderes comunitarios, agrarios y ambientales, entre otros- fueron asesinados el año pasado en Colombia, cifra que aumentó desde los 142 de 2021 y los 182 de 2020, dijo la Defensoría del Pueblo en un comunicado. 

"Es una grave afectación a las bases de la democracia porque se trata de líderes que recogen las inquietudes de la gente, que son voceros y que trabajan por un país donde se respeten los derechos humanos", dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en un comunicado.

La cifra récord se produce a pesar del impulso del presidente Gustavo Petro para establecer la paz en el país y poner fin a casi seis décadas de conflicto armado, con más de 82 asesinatos desde que asumió el cargo en agosto del año pasado. 

El gobierno de Petro reanudó las conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos rebeldes en un intento de aplicar un acuerdo de paz y poner fin al conflicto que ha dejado más de 450.000 muertos desde 1985. 

En cambio, la violencia ha aumentado en Colombia en los últimos años en zonas controladas por grupos criminales dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

"Esperamos que el inicio de las conversaciones con el ELN y el cese al fuego con otros grupos armados ilegales, conduzcan a la disminución de los ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos", dijo el Defensor del Pueblo. 

Tras la primera ronda de conversaciones de paz, Bogotá firmó acuerdos bilaterales de alto el fuego con dos grupos disidentes de las FARC y el grupo criminal Clan del Golfo, que serán supervisados por Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Iglesia Católica. 

"Este es un acto audaz", escribió Petro en Twitter en ese momento. "El cese bilateral obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá mecanismo de verificación nacional e internacional".