Conservadores advierten sobre proyecto en California para crear consejo regulador de industria de comida rápida

Un nuevo proyecto de ley de California dejaría la regulación del sector de la comida rápida en manos de un consejo no votado. Esto ha suscitado la preocupación de los republicanos y grupos empresariales que luchan por recuperarse de los cierres durante la pandemia de COVID-19.

El "Consejo del Sector de la Comida Rápida" propuesto por el proyecto de ley incluiría a 11 miembros nombrados por el gobernador de California, entre ellos, trabajadores de la comida rápida, concesionarios y propietarios de franquicias.  

Presentada en 2021, la AB-257, Ley de Recuperación de los Estándares y la Responsabilidad de la Comida Rápida (FAST Recovery Act), fue promocionada como una mejora para los derechos y condiciones laborales de los más de 500.000 trabajadores de la comida rápida de California. Quedó aprobada por la asamblea estatal en enero de 2022. El Comité de Trabajo, Empleo Público y Jubilación del Senado estatal celebró una audiencia sobre el proyecto de ley el lunes.

De ser aprobada finalmente, la FAST crearía un nuevo Consejo del Sector de la Comida Rápida dentro del Departamento de Relaciones Industriales de California e introduciría nuevas regulaciones, entre ellas una que haría al dueño de una franquicia responsable solidario de ciertas infracciones de su concesionarios.

Quienes proponen el proyecto de ley afirman que la medida reduciría el "robo de salarios" y reforzaría las protecciones para el grupo más grande y de más rápido crecimiento de trabajadores con bajos ingresos en el estado.

"Considero que brinda una oportunidad para que haya un asiento en la mesa para todas las partes que realmente necesitan tener la oportunidad de expresar sus preocupaciones al dueño de una franquicia, para ver que sus condiciones de trabajo y las cuestiones que les afectan se toman en serio", expuso el asambleísta demócrata Chris Holden (Pasadena), uno de los cuatro patrocinadores del proyecto de ley y exfranquiciado de Subway.

Sin embargo, Jeff Hanscom, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Estatales y Locales de la Asociación Internacional de Franquicias, calificó el proyecto de ley como "una de las piezas de legislación más perjudiciales que jamás haya afectado al modelo de negocio de franquicias".

"La AB-257 tendrá impactos desastrosos para los miles de restaurantes de franquicia en todo el estado y desmantelará efectivamente este modelo de negocio", advirtió Hanscom, según ABC 10.

Jesse Lara, un concesionario de El Pollo Loco que testificó en contra del proyecto de ley el lunes, aseveró que el proyecto de ley también afectaría a "cafeterías, panaderías, mostradores de yogur y helados, tiendas de jugos, pequeñas tiendas, pizzerías y decenas de miles de restaurantes de propiedad y operación independiente en todo el estado".

Los partidarios indicaron que el proyecto de ley protegería a las minorías de la clase trabajadora e incluso estimaron que alrededor del 80% de los trabajadores de la comida rápida de California son latinos, negros o de ascendencia asiática, además de que dos tercios de ellos son mujeres.

Pero la Asociación Internacional de Franquicias destacó que un número creciente de mujeres y minorías raciales son propietarios de establecimientos de franquicia, apuntó Associated Press. Además, comentaron que "la continuación de la recuperación económica de la pandemia" se vería amenazada por el proyecto de ley.

Algunas empresas californianas, como In-N-Out, creen que quitarles poder desde poder legislativo es peligroso.

"No habría límite a su autoridad para establecer nuevas normas o anular los valores que han creado un lugar de trabajo de alta calidad durante más de siete décadas. Quitarnos la capacidad de interactuar con nuestros asociados acabará por dañar nuestra relación de confianza establecida desde hace tiempo y, a su vez, disminuirá la experiencia de los clientes", advirtió Arnie Wensinge, director jurídico y comercial de In-N-Out Burger.

Los críticos conservadores también alertaron sobre la posibilidad de que el consejo reduzca las oportunidades de los solicitantes de empleo sin experiencia y no calificados, quienes fueron los más perjudicados por la pandemia de la COVID-19, al elevar demasiado los salarios y las normas.

Richard Berman resaltó en un artículo de opinión del Washington Times que el empleo en los restaurantes de servicio completo de ese estado se había estancado tras aumentar el salario mínimo.

"Cuatro puestos en el consejo están reservados para trabajadores y 'defensores de los empleados', lo que abre la puerta a que los sindicatos se infiltren en el proceso de establecimiento de normas. Si se aprueba, estos sindicatos probablemente aprovecharían el órgano normativo para dificultar que las empresas tomen decisiones de personal basadas en el mérito", según Berman.