Detectan en Bolivia al menos tres mafias internacionales de narcotraficantes

Miembros de organizaciones de narcotraficantes de México, Brasil y Colombia se estarían trasladando a Bolivia con la intención de extender el cultivo de coca lo que ha generado un aumento de la violencia en algunas regiones del país, según informes locales.

El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, afirmó que está preparando una estrategia para impedir que los cárteles entren en territorio boliviano. Sin embargo, medios brasileños aseguran que Gilberto Aparecido dos Santos, conocido como Fuminho, capo del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, opera en Bolivia con cultivos de coca y fábricas de droga.

La presencia del cártel brasileño desencadenó la semana pasada el asesinato de un policía en el Parque Nacional Noel Kempff, donde funcionaba una fábrica de clorhidrato de cocaína. Un día después, dos personas fueron tiroteadas en la cercana localidad fronteriza de San Matías, la "Ciudad Juárez" de Bolivia.

En junio de 2019 fueron revelados informes de la Policía Boliviana sobre un plan de seguimiento a integrantes del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) a miembros de los cárteles colombianos de Medellín y del Norte del Valle

Además, fue detectada la presencia de los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Tijuana. A estas organizaciones se sumó la Ndrangheta calabresa, una de las mafias italianas más sanguinarias.

El presidente Luis Arce está incómodo porque todo esto ocurre cuando el exministro (de Evo Morales) Carlos Romero denuncia que los asaltos de tierras privadas y fiscales en Santa Cruz tienen relación directa con el narcotráfico, y que el actual gobierno es cómplice de ese plan, reportó Infobae.

Los mexicanos se encargarán de controlar las ciudades de la geografía del narcotráfico, los brasileños aspiran a lograr el monopolio dentro de Bolivia y los colombianos actúan en los parques nacionales.

Todos ellos amparados por una política permisiva de parte del gobierno, que alienta a los asaltantes de tierras y mantiene sin operar los trece radares comprados en 2015 por 225 millones de dólares.

Cientos de avionetas operan libremente en alrededor de un millar de pistas de aterrizaje, por costumbre llamadas “clandestinas” aunque todos saben dónde están, para llevar la droga a países vecinos.