Arizona acuerda desmantelar el muro fronterizo de contenedores a cambio de construcción de barrera

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, acordó el miércoles derribar el muro de contenedores a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México bajo la presión de la administración Biden.

El 15 de diciembre, el gobierno de los EE. UU. demandó al estado de Arizona y al gobernador Ducey por usar contenedores de carga para cerrar brechas a lo largo del muro fronterizo, alegando que tal medida traspasa tierras federales y tiene un impacto ambiental significativo. En la denuncia, el Departamento de Justicia pidió que Arizona detuviera “inmediatamente” la colocación de nuevos contenedores.

Según documentos judiciales presentados el jueves ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Phoenix, Ducey llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia.

Según el acuerdo, Arizona retirará todos los contenedores de carga instalados en la frontera, así como todos los equipos, materiales, vehículos y otros objetos asociados a lo largo de la frontera sin dañar los recursos naturales de EE. UU.

Ducey les había dicho previamente a los funcionarios estadounidenses que los contenedores de carga eran solo una medida temporal. Agregó que los eliminaría tan pronto como la administración de Biden le diera una fecha de cuándo se llenarían los huecos del muro fronterizo.

"Durante más de un año, el gobierno federal ha estado promocionando su esfuerzo por reanudar la construcción de una barrera fronteriza permanente. Finalmente, después de que la situación en nuestra frontera se haya convertido en una crisis total, han decidido actuar. Más vale tarde que nunca", dijo a Fox News el portavoz de Ducey, CJ Karamargin.

“Estamos trabajando con el gobierno federal para garantizar que puedan comenzar la construcción de esta barrera con la urgencia que exige este problema”, agregó Karamargin.

A partir de agosto, Arizona colocó alrededor de 3.000 contenedores de doble pila cubiertos con alambre de púas a lo largo de secciones de la frontera entre EE. UU. y México, lo que le costó al gobierno estatal alrededor de $ 95 millones.