Honduras suspende derechos constitucionales mientras lucha contra la violencia de pandillas

El gobierno de Honduras anunció el sábado que suspenderá los derechos constitucionales en dos ciudades controladas por las pandillas, mientras el país se enfrenta a la violencia, informó Reuters. 

A partir del martes, se suspenderán los derechos constitucionales en algunos de los barrios más pobres de la capital del país, Tegucigalpa, y de la ciudad de San Pedro Sula durante 30 días, después de que el gobierno hondureño dijera que existía una amenaza a la seguridad nacional. 

"El estado de excepción parcial entrará en vigor el martes 6 de diciembre a las 18:00 horas por treinta días, para promover la actividad gradual del desarrollo económico, la inversión, el comercio y en los espacios públicos", informó la Secretaría de Seguridad de Honduras en un comunicado.

Las dos ciudades se han visto afectadas por un "impuesto de guerra", en el que los pandilleros ofrecen una supuesta protección a los residentes que les pagan, y aquellos que se niegan a pagar son asesinados. 

Las bandas han matado a conductores de autobuses que se niegan a pagar el monto de la extorsión, lo que hace que otros residentes paguen por miedo a ser los siguientes, continúa Reuters. El "impuesto de guerra" es llevado a cabo en gran medida por las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Mara Barrio 18. 

El "impuesto de guerra" genera ganancias anuales equivalentes a 737 millones de dólares, o el 3% del producto interior bruto del país, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), una ONG enfocada en la seguridad.

Empresarios, transportistas, residentes y ONG de las dos ciudades han manifestado que la extorsión se ha agravado en los últimos meses. 

El 24 de noviembre, la presidenta Xiomara Castro declaró una emergencia de seguridad nacional y anunció un plan para hacer frente a la extorsión y la violencia de las bandas. Las medidas del plan incluyen el despliegue de 20.000 agentes de policía, controles de seguridad adicionales en las carreteras y medidas contra el lavado de dinero. 

La medida anunciada el sábado forma parte del plan de Castro para hacer frente a las bandas violentas. Se espera que sea acreditada por el consejo de ministros.