Delitos de corrupción de Lula da Silva expiran: el expresidente pide devolución de un "triplex" del que había negado ser dueño

El Ministerio Público Federal solicitó el sobreseimiento de una de las demandas de Lula da Silva en la que fue acusado de recibir 2,2 millones de reales en sobornos de la constructora OAS, pagados en la modalidad de reserva y reforma del triplex del edificio Solaris, a cambio de favorecer a la empresa en los contratos de Petrobras.

La condena de Lula fue dictada por el juez Sergio Moro en julio de 2017, quien condenó al expresidente a nueve años y seis meses por corrupción y lavado de dinero. En abril de 2018, el Panel 8 del Tribunal Regional Federal 4 elevó la pena a 12 años y meses de prisión.

El conjunto de pruebas fue abundante e incluía facturas de la constructora OAS y otras empresas; mensajes telefónicos y testimonios del expresidente de la OAS, Leo Pinheiro; testimonio del ingeniero de la OAS que acompañó la visita de la ex primera dama Marisa Letícia; Testimonio de la empresa Cocinas que confirmó las renovaciones; testimonio del exdirector de la OAS Agenor Franklin Magalhães Medeiros quien confirmó el soborno a Lula; incluida la renovación de un ascensor privado; entre otras.

La solicitud de archivar los procesos de Lula da Silva, realizada el día 6 de diciembre, no prueba su inocencia. Esta solicitud de los fiscales se debió a la avanzada edad del expresidente y las formalidades del derecho procesal penal en Brasil. En otras palabras, una cuestión formal de derecho y nada relacionado con la parte material.

Lo que permitió revertir los crímenes del expresidente en Brasil fue la influencia política que tiene Lula da Silva en la Corte Suprema de Brasil (STF). Y esta consolidación de la impunidad tiene su origen en las acciones del STF para convertir al exrecluso en un candidato presidencial elegible. Es importante saber que el Partido de los Trabajadores nombró a 7 de los 11 magistrados del STF en la composición actual.

En abril de 2021, el Tribunal Supremo Federal (STF) decidió anular las decisiones del Tribunal Federal de Curitiba con un voto de 8 a 3. En marzo de 2021, los magistrados de la Corte Suprema de Brasil (que fueron elegidos por nombramiento político) dijeron que Sergio Moro (que era un juez de carrera) no sería debidamente imparcial. Y con esta decisión, pusieron fin a todos los esfuerzos de la Operación Lava Jato que buscaba combatir la corrupción en Brasil y que tenía al ex presidente Lula da Silva como líder del grupo criminal (segunda la Operación Lava Jato).

En los últimos días, además de garantizar la impunidad por los delitos cometidos, los abogados del expresidente Lula también demandaron a la Corte de Justicia de São Paulo para buscar recuperar 815.000 reales de la compra del apartamento en Edifício Solares, en Guarujá, São Paulo. Es decir, Lula pasó años diciendo que el apartamento no era suyo (cuando uno de los delitos fue precisamente “propiedad escondida”), y ahora que tiene garantizada su impunidad, busca en la propia justicia brasileña recuperar una cantidad de el apartamento que fue la causa de la prisión (por las millonarias renovaciones en el apartamento y hasta un ascensor privado que fue el famoso “caso del triplex”).

La sociedad brasileña tendrá que vivir con la  vergüenza de impunidad y el escarnio del expresidente y multi-convicto Lula da Silva.