Rubio: Carta de "marxistas del Congreso" es una fachada para los planes de Biden en Venezuela

Una coalición de 18 demócratas de izquierda de la Cámara de Representantes envió el martes una carta al presidente Joe Biden en la que lo instan a levantar las sanciones contra la dictadura venezolana, al considerar que "exacerban la situación humanitaria" en el país.

"Está claro que las amplias sanciones no han logrado sus objetivos. Ante esto, y los terribles costos humanos, le pedimos levantar todas las sanciones financieras y sectoriales de Estados Unidos que exacerban la situación humanitaria, aunque sin obstaculizar o retrasar la acción urgente necesaria para la transición de la economía estadounidense fuera de los combustibles fósiles", solicita la carta, firmada por el grupo liderado por los congresistas Raúl Grijalva (demócrata de Arizona) y Jesús García (demócrata de Illinois).

El senador republicano Marco Rubio respondió este jueves a la carta de los demócratas y advirtió que "la administración Biden ya ha decidido levantar muchas sanciones a Maduro".

The Biden administration has already decided to lift many sanctions on Maduro

This letter from the open congressional marxists is just cover for what Biden already plans to announce very soon https://t.co/yG2Kyd8RqQ

— Marco Rubio (@marcorubio) May 12, 2022

"Esta carta de los marxistas del Congreso no es más que una fachada para lo que Biden ya planea anunciar muy pronto", señaló Rubio en alusión a los rumores de un acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela, los cuales surgieron tras una reunión de la administración de Biden con funcionarios venezolanos en Caracas, pocos días antes de que su gobierno anunciara la prohibición de las importaciones energéticas rusas.

Los legisladores de ambos lados del espectro político han criticado en las últimas semanas a la administración por su disposición a comprometerse con Venezuela, así como con Arabia Saudí e Irán y negociar posibles acuerdos petroleros en medio de la prohibición a Rusia.

El mes pasado, Biden, junto con el secretario de Estado Antony Blinken y el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, recibió otra carta redactada por líderes de la sociedad civil y economistas venezolanos en la que se pedía el levantamiento de todas las sanciones contra el país sudamericano, informó Bloomberg.

"El sufrimiento del pueblo venezolano es una tragedia. Aunque esta situación es el resultado de varios factores, numerosos estudios han demostrado que las sanciones de Estados Unidos han sido una de las principales causas", asevera la carta de los legisladores estadounidenses.

En respuesta a esa carta, un grupo de más de 50 representantes de la comunidad venezolana en Estados Unidos envió otra misiva dirigida al presidente Biden, el embajador Story, Blinken y al gobernador de Florida Ron DeSantis, así como a otros representantes del Congreso Federal, en la cual solicitaron sanciones adicionales contra el régimen de Nicolás Maduro.

En la carta, los autores destacan la "conveniencia y necesidad de las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Maduro en el marco de la lucha por la libertad del pueblo venezolano", además de las causas de la grave crisis económica que sufre Venezuela, "cuya génesis es ajena y previa a las sanciones".

"Fueron las sanciones impuestas por Estados Unidos a diferentes funcionarios de Maduro las que más bien pusieron cierto freno al sufrimiento del pueblo venezolano, víctima de este régimen comunista, ya que han ayudado a cerrar la financiación del régimen a las actividades delictivas que organizan", expusieron.

Desde que el dictador socialista Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela en 1998, el país se ha convertido en una pesadilla económica y social. Con Nicolás Maduro, las cosas no han hecho más que empeorar. En Venezuela, la inflación actualmente ronda el 2.000%, mientras que el hambre provocada por una economía fallida no ha hecho más que sumarse a los numerosos abusos de derechos humanos del régimen.

Mientras millones de personas huyen a los países vecinos, quienes se quedan luchan por obtener comida, ya que el país sigue sufriendo la escasez de alimentos provocada por los intentos desesperados del régimen de arreglar la economía mediante la aplicación de controles de precios y la incautación de granjas.  

Sin embargo, los venezolanos no pueden expresarse contra su fallido liderazgo, ya que el régimen de Nicolás Maduro encarcela las voces de la oposición, y actualmente está acusado de cometer crímenes de lesa humanidad.

Tras la última ronda de elecciones, funcionarios estadounidenses y europeos llegaron a denunciar las elecciones en Venezuela como una farsa.

"Las detenciones arbitrarias y el acoso a los actores políticos y de la sociedad civil, la criminalización de las actividades de los partidos de oposición, la prohibición de los candidatos de todo el espectro político, la manipulación de las listas de votantes, la persistente censura de los medios de comunicación y otras tácticas autoritarias no hicieron sino anular el pluralismo político y garantizar que las elecciones no reflejaran la voluntad del pueblo venezolano", denunció el secretario de Estado Antony Blinken, en una declaración del 22 de noviembre.

En noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación poco después de que una misión de investigación de la ONU descubriera que las autoridades judiciales venezolanas han sido cómplices de muchos abusos.

Sin embargo, a principios de esta semana, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que los casos de tortura en el país aumentaron hasta 148% entre enero y diciembre de 2021 en comparación con el año anterior.

"Entre los meses de enero y diciembre de 2021, Provea registró un total de 241 víctimas de tortura, lo que supone un aumento del 148,4% respecto al número de víctimas denunciadas en 2020, y el segundo más alto registrado en los últimos 33 años. Preocupa especialmente el aumento de las técnicas de maltrato basadas en la humillación y la reducción física y psicológica de las víctimas, a través de agresiones sexuales", explica el informe.

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, la ONG documentó que "las fuerzas policiales y militares mataron a 1.414 personas en todo el país".

"El Estado continúa incumpliendo las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, ignorando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida", alertó Provea.