ONGs de Venezuela denuncian acoso del régimen contra colaboradores de la CPI

Un total de 112 organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanas denunciaron este viernes que el régimen de Nicolás Maduro inició una campaña de “desprestigio y criminalización” luego de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, decidiera abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En un comunicado publicado por la ONG Provea, señaló que la visita del fiscal fue impulso para motivar una “intenta estrategia” de propaganda a través de los medios estatales por parte del régimen chavista.

“Como lo refleja el documento oficial ‘Venezuela Garante de DDHH’, uno de los componentes de la campaña es la criminalización y desprestigio de quienes han remitido denuncias, incluyendo a defensores de derechos humanos”, indica la organización.

La denuncia recuerda que, en febrero de 2018, la CPI decidió comenzar un examen preliminar para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las manifestaciones del 2017.

“A partir del inicio del examen preliminar, diferentes personalidades políticas y sociales han suministrado información a la Fiscalía de la CPI”, lo que permitió que Khan avanzara a la siguiente fase, explicaron las ONG.

Según el comunicado, el régimen busca restringir el espacio cívico en el país, incluyendo a quienes colaboran con los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Esta campaña tiene como objetivo “atemorizar a las víctimas para inhibirlas a que continúen suministrando sus testimonios”.

“Instamos al equipo de trabajo de la Fiscalía de la CPI que haga un seguimiento de las amenazas y retaliaciones contra quienes han colaborado con su labor, lo que refleja el incumplimiento de las obligaciones emanadas del Estatuto de Roma”, agrega el texto.

La denuncia se produce luego de que el fiscal de la CPI firmara un memorándum de entendimiento con Maduro, donde se concluyó el examen preliminar sobre la situación en Venezuela y se abrió una investigación formal por violaciones de derechos humanos en ese país.