ONG denuncia que casos de tortura en Venezuela aumentaron un 148% en 2021

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este miércoles que los casos de tortura en el país aumentaron un 148% entre enero y diciembre de 2021 con respecto al 2020.

“Entre los meses de enero y diciembre de 2021, Provea registró un total de 241 víctimas de torturas, un aumento de 148,4% respecto al número de víctimas reportadas en 2020, y el segundo registró más alto de los últimos 33 años”, advirtió la organización en la 33ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela correspondiente al período enero-diciembre de 2021.

En el documento se explica que “el aumento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas, mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación” en los miembros de la organización.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) fue señalado como responsable en 155 denuncias de torturas -con igual número de víctimas- para alcanzar el 64,3% del total de denuncias registradas en 2021.

“Las diversas acciones adoptadas en el ámbito de la justicia para evadir la acción de la Corte Penal Internacional fueron infructuosas y confirmaron que el Estado venezolano carece de voluntad genuina de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos de conformidad con los principios del Estatuto de Roma”, agrega el informe. 

Sobre las ejecuciones extrajudiciales, la ONG documentó que “los cuerpos policiales y militares produjeron la muerte, en todo el territorio nacional, de 1.414 personas”.

“El Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida”, advierte Provea. 

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció el pasado noviembre que se abriría una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta es la primera decisión de esta naturaleza que se dicta en el continente.