Nuevas acusaciones contra excongresista de Miami contratado por régimen de Maduro por $50 millones

David Rivera, excongresista de Miami que firmó un contrato de 50 millones de dólares para ser consultor del régimen de Nicolás Maduro con la empresa PDV USA, presuntamente no solo no realizó ningún trabajo, sino que habría dirigido gran parte del dinero a una compañía de yates a nombre de un multimillonario fugitivo, según informó el sábado Associated Press.

Las nuevas acusaciones contra Rivera surgen de un documento presentado en la corte federal de Nueva York por críticos de Maduro que ahora controlan las filiales en EE. UU. de la compañía petrolera estatal del país sudamericano.

La empresa de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 por PDV USA, una filial con sede en Delaware de la compañía venezolana Citgo. En la demanda se asegura que Rivera no realizó ningún trabajo del contrato de 50 millones de dólares que firmó en 2017, por el que debía llevar a cabo una “consultoría estratégica” para crear relaciones con importantes estadounidenses.

El contrato ha sido el centro de una importante investigación en curso de fiscales federales en Miami que indagan, entre otras cosas, si Rivera no se registró como cabildero extranjero, como indica la ley.

Las nuevas acusaciones plantean interrogantes relacionadas con los tratos de Rivera con la industria petrolera estatal venezolana y de qué forma presuntamente se gastó el dinero que recibió.

En el mismo período en que la empresa de Rivera fue contratada, el régimen de Maduro había lanzado una ofensiva diplomática para conseguir ventajas con la Administración Trump. Las autoridades venezolanas evitaron inicialmente emitir comentarios sobre el nuevo presidente e incluso donaron 500.000 dólares al comité de su toma de posesión a través de Citgo, reportó AP. 

El nuevo documento presentado en la corte federal de Nueva York muestra evidencias con fecha reciente de 18 000 mensajes de texto y de WhatsApp del teléfono de Rivera, y declaraciones que hizo durante dos días de julio.

Según las pruebas, Rivera recibió solo 15 millones de dólares de la cifra original y presuntamente gastó parte de eso en pagos no explicados a un narcotraficante convicto y a una compañía de yates a nombre de Raúl Gorrín, un magnate propietario de la cadena privada de televisión más grande de Venezuela buscado por las autoridades estadounidenses.

“El señor Rivera jamás prestó servicio alguno a Citgo y, tal parece, jamás tuvo intención de hacerlo”, dice el documento presentado por PDV USA. “En su lugar, el verdadero propósito del acuerdo fue encubrir transacciones ilícitas”.

Rivera no ha dado declaraciones, pero insiste en su inocencia y ha contrademandado a PDV USA, argumentando incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto porque la compañía no pagó 30 millones de dólares que, según él, todavía le deben.

En un intercambio de mensajes con Gorrín, Rivera asegura haber tratado de concretar una reunión entre el canciller de Venezuela y ejecutivos de la empresa petrolera estadounidense Exxon.

Uno de los mensajes decía: “El boleto para el concierto es de 15 dólares, no 20 como dijimos anoche”, palabras que, según PDV USA, hacen referencia a un soborno.

“En su declaración, el señor Rivera no pudo explicar qué significaba este mensaje de texto y testificó que no recordaba haber asistido a algún concierto en esa fecha”, indicó PDV USA en su documento, sin especificar a quién podría estar dirigido el soborno.

Rivera había solicitado a la corte federal de Nueva York que protegiera sus conversaciones con Gorrín, a quien Estados Unidos señala como el supuesto cerebro de una confabulación para desviar 1.200 millones de dólares de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Pero, la corte declaró que Gorrín es un abogado sin licencia para practicar en Estados Unidos, además las conversaciones no entraban en el marco de privilegio abogado-cliente y debían ser entregadas como parte del caso.

De los 15 millones de dólares que Rivera recibió, alrededor del 75% fueron transferidos a otros individuos. Un total de 3,75 millones de dólares se pasaron a una compañía en Miami, Interglobal Yacht Management, según el nuevo documento. Rivera argumentó que fue un gasto por servicios de acuerdo al contrato, pero PDV USA indica que fue usado para pagar el mantenimiento de unos de los yates de Gorrín.

Cantidades similares fueron enviadas a Esther Nuhfer, descrita como una socia política de mucho tiempo de Rivera; y a Hugo Pereira, un empresario inmobiliario de Miami que se declaró culpable de fraude fiscal en un caso de contrabando de enormes cantidades de drogas en la época de 1990 contra el Cártel de Cali.

Rivera señaló que los pagos fueron por comisiones y asistencia que recibió como parte del contrato, pero PDV USA aseguró que la compañía jamás autorizó a Rivera a hacer subcontrataciones, como lo establecía el acuerdo de consultoría.

PDV USA afirma que Rivera creó “contratos falsos” un día antes que el acuerdo de consultoría entrara en vigor como método para justificar los pagos.

Interglobal Yacht Management declinó firmar el contrato un día antes, argumentando que no había efectuado ese tipo de servicio de subcontratación.

“En síntesis, PDV USA no recibió nada de Interamerican a cambio de hacer pagos de 15 millones de dólares”, afirman los demandantes. “El grueso de esa suma fue transferida a terceras partes prófugas de la justicia que están acusadas formalmente o bajo una investigación penal en relación con esos pagos”, indica el documento.