Misión de la ONU concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la ONU presentó este viernes un informe al Consejo de Derechos Humanos que aseguraba que “hay motivos razonables para creer que en Venezuela hubo crímenes de lesa humanidad”.

“Hay una situación de impunidad que debe ser atendida”, indicó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, al tiempo que dijo que “poco después de la publicación del segundo informe, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Internacional”, según un comunicado del Centro de Comunicación Nacional.

Agregó que, existe una gran preocupación por las “violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de seguridad del Estado” y que “continúa siendo un obstáculo la falta de datos” por parte del régimen.

Valiñas aseguró que en los últimos meses se han producido algunos avances en ciertos casos abordados por la Misión, agregando que “los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen el derecho de participar en las investigaciones”.

También mencionó la falta de atención medica para las personas encarceladas injustamente en Venezuela. “Hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio. En la segunda mitad de 2021 se produjeron dos muertes en prisión relacionadas por falta de atención médica”, manifestó.

Por último, expresó: “Hoy la vida cotidiana de los venezolanos sigue afectada. Han soportado una década de crisis política, social, económica y de derechos humanos. La muestra de todo ello son los más de seis millones que debieron abandonar el país. Continuaremos trabajando de manera independiente e imparcial en el país”.

La Misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar las violaciones de derechos humanos contra opositores.

En septiembre de 2021, la Misión entregó un informe donde realizó “177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos”.

Además, llevó a cabo un “extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales”, y de “183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno” entre 2014 y agosto de 2021, y documentó “las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal”.