Familiares de venezolanos muertos en protestas esperan que la CPI los escuche

Familiares de venezolanos muertos en las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela, calificaron el sábado de “positivo” que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) instale una oficina en el país, y aseguraron que esperan “ser escuchados” y que las “ejecuciones extrajudiciales” sean investigadas.

“Nosotros, los familiares y víctimas de los asesinados en protestas de 2017 confiamos en la justicia internacional a través de la CPI. Esperamos ser escuchados y que las ejecuciones extrajudiciales sean incorporadas en la investigación”, publicó en Twitter la Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic).

Nosotros los Familiares y Víctimas de los Asesinados en Protestas 2017 confiamos en la justicia Internacional a través de la CPI, esperamos ser escuchados y que las ejecuciones extrajudiciales sean incorporadas en la investigación. https://t.co/IGxEmQ9rdu

— Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) (@Alfavic2017) April 2, 2022

El fiscal de la CPI, Karim Khan, indicó el pasado jueves en Caracas, que el organismo abrirá una oficina en Venezuela luego de un acuerdo alcanzado con el régimen de Nicolás Maduro, con quien se reunió en privado la semana pasada.

Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, un joven asesinado a quemarropa por un agente de la fuerza pública, ve “como positivo” que la CPI se instale en Venezuela “siempre y cuando las víctimas sean escuchadas, (y) que los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales sean incluidas en la investigación”.

“Tenemos cinco años buscando justicia que se nos ha negado. (...) Ahora, después de cinco años, con toda la presión internacional, pretenden crear una falsa sensación de darnos justicia, justicia que no es genuina, porque aquí están haciendo, de manera atropellada, investigaciones en el Ministerio Público de manera acelerada”, aseguró.

Agregó que, las autoridades “no están investigando a la cadena de mando” y que las acusaciones “que han dado a muy pocos funcionarios no corresponden ni a la gravedad ni a la realidad de los hechos, lo que ocasiona que estos funcionarios queden en libertad”.

“Estas investigaciones son insuficientes, (...) benefician a los victimarios y no a las víctimas. Vamos en desventaja, porque todo el sistema está viciado para darnos justicia verdadera”, concluyó. 

La última semana de marzo de 2017, Venezuela fue sacudida por dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias del Parlamento, por lo que la oposición recurrió a las protestas, que dejaron más de 120 muertos y la condena de parte del mundo al régimen de Maduro.