Dictadura chavista aprueba ley que impone cárcel e inhabilitación política por decir "mensajes prohibidos" contra el gobierno

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este miércoles el “proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”, que impone cárcel, inhabilitación política y multas por decir “mensajes prohibidos” contra el régimen de Nicolás Maduro, en lo que la oposición venezolana y expertos han calificado como el “golpe final de la dictadura".

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, presentó la propuesta a la Asamblea, que dio el visto bueno en una primera reunión, para abrir así una nueva puerta para que el régimen controle las libertades políticas y de expresión en Venezuela.

“Detener el fascismo en el mundo es una tarea impostergable por el bien de la humanidad, porque no solo se manifiesta en expresiones de odio, violencia y muerte, sino también en formas de fascismo económico, como el bloqueo criminal impuesto contra Venezuela”, expresó Rodríguez.

La ley cuenta con 30 artículos y tiene como objeto “establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública”, así como “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza”, agregó la diputada chavista.

En los artículos más polémicos se expone que “se prohíbe el pensamiento ‘neoliberal’ y ‘conservador’ en todo el país”. También se estipula la censura total de las redes sociales para quienes dañen la imagen del gobierno y se niega el derecho a realizar reuniones y manifestaciones que el régimen defina como “fascistas”.

La dictadura creará una alta comisión contra el “fascismo” dirigida por militantes chavistas para juzgar a la sociedad civil.

En la descripción de “mensajes prohibidos”, la ley hace referencia a aquellos que promuevan “la violencia como método de acción política, reproduzcan la cultura del odio, denigren de la democracia y sus instituciones, promuevan la suspensión de derechos y garantías y exalten principios, hechos, símbolos y métodos del fascismo”. El Ministerio Público será el encargado de determinar qué mensajes y actos pueden ser interpretados dentro de este marco.

Aquellos que incumplan alguno de los 30 artículos tendrán una pena de entre seis a doce años de prisión.

Las elecciones del próximo 28 de julio en Venezuela han atraído la atención de todo el mundo debido a la actual represión contra líderes de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas en Venezuela.

La líder opositora María Corina Machado solicitó a Noruega, país mediador en las negociaciones entre el régimen y la oposición, extremar los “recursos diplomáticos” para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Barbados, donde se prometía celebrar elecciones abiertas y democráticas y dar a la oposición una oportunidad justa de inscribir a sus candidatos.

Machado ha acusado repetidamente a Maduro de sólo permitir la inscripción de candidatos que no supongan una amenaza para su régimen chavista.

Desde entonces, Maduro también ha sido criticado por impedir que millones de electores fuera del país voten a distancia al no instalar máquinas de votación en los consulados venezolanos de todo el hemisferio occidental.