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Derechos Humanos

Así luce una 'política sistemática de represión' en la Venezuela de Maduro

“Son completamente inocentes, ni siquiera tienen afiliación política”, dijo un familiar. “Ahora están atrapados en una celda subterránea y no sabemos cuándo serán libres”

Febrero 10, 2022 1:58pm

Updated: Febrero 11, 2022 9:07am

Un nuevo estudio de Amnistía Internacional advierte que la represión calculada por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela podría constituir un "crimen de lesa humanidad de persecución".

El informe, difundido este jueves, destaca cómo la política de represión en el país se ha basado en la "coordinación de ataques y mensajes estigmatizantes difundidos por medios de comunicación" con vínculos con el régimen y denuncia que tales ataques han sido utilizados para justificar detenciones por motivos políticos por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro.

"El mundo conoce desde hace años la política de represión que ha implementado el gobierno de Nicolás Maduro", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

"Nuestra investigación muestra que hay casos en los que existe una correlación extremadamente alta entre la estigmatización pública y los arrestos arbitrarios por motivos políticos. Esta correlación es un nuevo indicador de una política sistemática de represión y apunta al crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional", agregó.

De manera similar, un nuevo informe de The Guardian describe cómo los venezolanos en el terreno se han visto afectados por las calumnias, la estigmatización y las detenciones arbitrarias, una triste realidad para una población que ha luchado por sobrevivir en un país con una gran violencia criminal, una inflación vertiginosa y la falta de alimentos y suministros médicos.

Juan Carlos Marrufo Capozzi y su esposa María Auxiliadora Delgado Tabosky fueron arrestados por primera vez en 2019 luego de que agentes de la unidad de inteligencia militar del régimen allanaran su casa por razones desconocidas. Aunque fueron liberados en octubre pasado, la pareja fue detenida horas después y ahora enfrentan cargos que incluyen terrorismo y traición a la patria.

Su arresto fue noticia en los medios controlados por el gobierno, como suele ser el caso cuando las personas son detenidas por cargos ilegítimos en la Venezuela de Maduro.

"Son completamente inocentes, ni siquiera tienen afiliación política", dijo un familiar. "Ahora están atrapados en una celda subterránea y no sabemos cuándo quedarán libres".

La pareja —ambos con pasaporte europeo— permanece en prisión y a su familia le preocupa que las condiciones en las cuales se encuentran recluidos provoquen un rápido deterioro de su salud física y mental.

"Su detención no tiene sentido y están muy mal psicológicamente", lamentó un familiar. "Juan Carlos tiene pensamientos suicidas porque lo han acusado falsamente de los peores delitos que existen. Él necesita ayuda".

En enero, un grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias advirtió sobre la difícil situación de la pareja y afirmó que su arresto era parte de una "práctica sistémica de privar a las personas de su libertad sin respetar los derechos consagrados por el derecho internacional".

Según el grupo, tal práctica "podría constituir crímenes de lesa humanidad".

La familia de la pareja y sus abogados han señalado que el arresto de Marrufo y Delgado podría ser consecuencia de un encontronazo que tuvo el hermano de Delgado, Osman Delgado Tabosky, con el régimen.

El empresario radicado en Miami fue acusado de financiar un asalto a la base militar de Fort Paramacay en agosto de 2017 y planear un intento de asesinato de Maduro en 2018.

Desde entonces, ha sido calificado de terrorista por el poder judicial de Maduro.

"Está claro que no hay culpa allí, es solo venganza contra el hermano de María", explicó Alfredo Romero, abogado de Foro Penal, un organismo de control de derechos de Venezuela que trabaja en el caso de la pareja. "Son presos políticos, de los 240 que hay actualmente en Venezuela, 91 llevan más de tres años detenidos sin siquiera un juicio".

Emirlendris Benítez Rosales es otra venezolana que ha sido detenida por las fuerzas de seguridad venezolanas y aún no ha sido juzgada. La joven fue acusada -sin pruebas- de ser parte del complot para asesinar a Maduro y está presa desde agosto de 2018.

Según el grupo de trabajo de la ONU, Benítez tenía tres semanas de embarazo cuando fue arrestada y perdió a su hijo por nacer mientras estaba en la cárcel. Desde su arresto, ha sufrido palizas y torturas a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas y ahora está confinada a una silla de ruedas.

"Los diarios dicen que encontraron droga en su auto y algunas partes de los drones que supuestamente usaron para matar a Maduro, y que ella había tratado de irse del país, pero todo eso es mentira", denunció su hermana, Melania Leal Rosales. "Estaban buscando culpas donde no las hay".

"Solo podemos esperar que la investigación llegue hasta el final", agregó. "Mi hermana es inocente y no puede soportar mucho más".

A medida que la situación política y económica continúa deteriorándose en Venezuela, Maduro ha luchado para resistir los desafíos a su legitimidad, especialmente por parte de los seguidores del partido de oposición de Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos .

Esto ha llevado a que las fuerzas de seguridad del régimen intensifiquen su persecución contra los enemigos, tanto reales como imaginarios.

Protestas masivas sacudieron el país en 2017 y fueron respondidas con una brutal represión -con  miles de manifestantes heridos o detenidos-.

El encarcelamiento arbitrario también significa la tortura para varios venezolanos. ADN América informó recientemente sobre los brutales métodos de tortura empleados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar en los centros de detención del Estado.

Aunque la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que iniciaría una investigación contra el gobierno venezolano por posibles crímenes de lesa humanidad en noviembre pasado, muchos venezolanos han perdido la fe en la capacidad de las organizaciones internacionales para hacer justicia.

"La gente ha ido y venido antes y el régimen sigue en el poder", dijo la familia de Juan Carlos Marrufo Capozzi y María Auxiliadora Delgado Tabosky. "Es difícil mantener la fe cuando se escriben informes pero nunca cambia nada".