Crimen y Corrupción
Texas ejecuta a hispanoamericano acusado de matar a un policía hace 16 años
Wesley Ruíz recibió una inyección letal pese a los intentos de sus abogados que buscaban anular la decisión
Febrero 2, 2023 11:10am
Updated: Febrero 6, 2023 3:27pm
Un hombre fue ejecutado la tarde de este miércoles en Texas después de ser sentenciado a muerte hace 16 años por el por el asesinato de un policía.
Wesley Ruíz, un hispano de 43 años, recibió una inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Huntsville, convirtiéndose en el cuarto ejecutado desde principios de año en Estados Unidos.
"Me gustaría disculparme con Mark y la familia Nix. Espero que esto les brinde un cierre. Quiero decirles a toda mi familia y amigos de todo el mundo, gracias por apoyarme. A mis hijos, levántense y continúen haciéndome orgulloso. No se preocupen por mí, voy a estar bien", dijo Ruíz antes de morir a las 6:41pm, informó Texas Tribune.
En 2007, Ruíz fue perseguido en Dallas por la policía, que sospechaba que su vehículo estaba involucrado en un homicidio. Al final de la persecución, Ruíz le disparó al policía Mark Nix cuando intentaba romper la ventana de su auto. La bala acabó con la vida del agente.
Durante el juicio, Ruíz declaró que en la persecución policial temió por su vida y decidió disparar en “defensa propia”, pero los jurados igual lo condenaron a la pena de muerte. En los años siguientes, sus abogados interpusieron sin éxito varios recursos para impugnar la sentencia.
Los abogados defensores llegaron a presentar una apelación, argumentando que los miembros del jurado se basaron en elementos “abiertamente racistas” y “estereotipos claramente hostiles contra los hispanos”, ya que uno de los jurados describió a Ruíz como un “animal” y que los hispanos presentes en el juicio eran “pandilleros”.
La apelación fue desestimada en primera instancia y luego enviada a la Corte Suprema, que no se pronunció para suspender la ejecución.
Wesley Ruíz se había sumado a una demanda presentada por varios condenados a muerte en Texas, quienes acusan a los servicios penitenciarios del Estado de extender las fechas de vencimiento de las sustancias letales utilizadas para las ejecuciones, argumentando que se corre el riesgo de causar un sufrimiento ilegal.
