Puerto Rico salió de la bancarrota, tenía decenas de miles de millones en deuda

Puerto Rico recibió el martes la aprobación para salir de la bancarrota a través de la mayor reestructuración de la deuda municipal de EE. UU. en la historia, liberando dinero para gastar mientras el territorio de EE. UU. enfrenta otros problemas económicos.

El fallo de la corte aprobó una amortización de $30,500 millones en deuda pública acumulada en las dificultades económicas que lo llevaron a la bancarrota en 2017. Puerto Rico debía a sus acreedores $74,000 millones cuando fue puesto bajo protección judicial por una junta de supervisión federal.

La jueza Laura Taylor Swain se dirigió a los críticos diciendo que el acuerdo negociado goza de un “apoyo amplio pero no universal” entre los acreedores afectados y preservará a Puerto Rico como una “entidad pública viable”.

Swain agregó que su fallo “no impide una mayor investigación, ya sea a través de canales regulatorios, policiales o de litigio civil, sobre los orígenes de la crisis de la deuda de Puerto Rico”, dejando la puerta abierta para futuras investigaciones y auditorías sobre cómo se acumuló la enorme deuda.

Grandes inversores como BlackRock y Silver Point Capital respaldaron el plan, que elevó el valor de algunos bonos gubernamentales básicos. El bono de obligación general de referencia subió a más de 90 centavos por dólar, en comparación con los 21 centavos por dólar en 2017 después del huracán María.

La reestructuración es una victoria para la junta de supervisión designada para arreglar las finanzas de Puerto Rico, que ha caminado por la cuerda floja al negociar las expectativas de los acreedores, legisladores y residentes del territorio. La decisión libera efectivo para enfrentar los problemas fiscales que llevaron a Puerto Rico a la bancarrota en primer lugar, como la alta tasa de desempleo y el endeudamiento insostenible.

Una concesión que hizo la junta fue retirar las demandas de recortar las pensiones de los 167.000 maestros, jueces y burócratas jubilados de la isla, que permanecen totalmente intactas en el acuerdo final. Los jubilados, que constituyen el 5% de la población de la isla, fueron el mayor grupo de acreedores en la quiebra.

A cambio, a los empleados gubernamentales actuales se les impidió acumular más beneficios de pensión y se les cambió a programas de estilo 401(k) menos generosos.

Otros prestatarios municipales que se han deshecho de la deuda a través de quiebras supervisadas por los tribunales son Detroit, Mi; Condado de Jefferson, Alabama; Condado de Orange, CA; y las ciudades de California de Stockton, San Bernardino y Vallejo.