Perú discute aplicar castración química a violadores tras caso del “Monstruo de Chiclayo”

En Perú se debate esta semana aplicar la castración química a violadores tras el impacto que generó en todo el país el caso del “Monstruo de Chiclayo”, un taxista que confesó haber cometido secuestro y abusos sexuales contra una niña de tres años.

Pedro Castillo, gobernante por el partido de izquierda radical Perú Libre, anunció el 18 de abril que presentará en los próximos días un proyecto de ley para implementar la castración química a quienes sean encontrados culpables de violación.

“Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres; propuesta que será formalizada en los próximos días y esperamos que el Congreso no le dé la espalda a un clamor popular”, expresó Castillo.

El premier Aníbal Torres dijo esta semana que la castración química “se debatirá en Consejo de Ministros y en el Congreso. Lo que hay que hacer es combatir el crimen y son crímenes atroces que no podemos seguir permitiendo”.

Juan Antonio Enríquez García aceptó la semana anterior que raptó a una menor en la ciudad de Chiclayo, a quien mantuvo recluida y atada con cinta de embalaje durante 15 horas, hasta que oficiales de la Policía Nacional la hallaron en una casa que le pertenecía al acusado.

Los peruanos salieron varios días a las calles de distintas ciudades del país para exigir “¡Justicia para Damaris!” y manifestar que “Las niñas no se tocan”. En las protestas y foros digitales se repiten los pedidos de cadena perpetua, e incluso la pena de muerte, para Enríquez García, llevado a “prisión preventiva” de 9 meses mientras avanza la investigación.

La niña está estable y se recupera tras una intervención quirúrgica reconstructiva a la que fue sometida el jueves pasado, debido a los abusos sexuales, informó el Seguro Social de Salud del Perú, EsSalud.

Castración química es el método de reducir el deseo y la actividad sexual mediante fármacos. Aunque es un castigo legal en países como Polonia, República Checa, Corea del Sur y algunos estados de EE. UU., la organización de derechos humanos Amnistía Internacional lo considera una pena “cruel e inhumana”.

¿Un anuncio populista?

Tras el anuncio del Ejecutivo de impulsar la castración química, Castillo ha recibido críticas. El congresista José Williams (Avanza País) dijo que no tiene sentido la aplicación de la medida si se le impone una pena de cadena perpetua al agresor.

“No sé hasta dónde puede ser bueno castrar químicamente a una persona que ya ha sido condenada a cadena perpetua, esa persona no va a salir (...). Esas personas no deberían salir nunca de la cárcel y se debe educar al respecto también, deben ser castigados y enseñar para que no suceda ese lamentable hecho que ocurrió en Chiclayo”, dijo Williams, según información de La República.

Omar Awapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); y la politóloga Paula Távara, coinciden en que plantear la castración química para violadores es uno de los mensajes emitidos por el gobierno izquierdista para distraer la atención de los cuestionamientos sobre su gestión.

Paula Távara comentó al diario El Comercio que el anuncio evidencia que no hay una política sobre violencia sexual. Además, la politóloga advirtió que este tipo de mensajes del presidente Castillo “son una muestra de falta de respeto hacia la ciudadanía. Lo de castración química es un proyecto que el presidente sabe que no llegará a ningún lado. Es un insulto para las familias que esperan justicia”.

Por su parte, Awapara opina que estos anuncios llevan “el foco de la discusión pública hacia esos temas y lo aleja. (…) Hay un nivel de conflictividad social alto y un hecho lamentable, como lo que pasó en Chiclayo, abre la posibilidad de distracción del gobierno”, agregó el experto.

La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, opina que “ni la pena de muerte ni la castración ha demostrado que los índices de violencia hayan disminuido en el país donde estos [castigos] son permitidos”.

No obstante, cree que las penas para abusadores deben ser más severas y el sistema de justicia no debe de dudar en aplicarlo. “En el 2018 se cambió la ley para que la violación a menores tenga cadena perpetua, estos delitos no prescriban y no tengan beneficios. Eso hay que reforzar”, declaró la exministra a RPP Noticias.

Carlos Caro, un abogado penalista, dijo a CNN en Español que la castración química es una propuesta debatida en Perú desde los años 90, pero no ha sido aprobada por dos tipos de problemas. “El primero tiene que ver con la cuestión constitucional. Las penas corporales en Perú están prohibidas y la castración química equivaldría a una pena corporal que atentaría contra la dignidad de la persona”.

Perú es signataria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, la cual establece que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

“El segundo problema (…) tiene que ver con la eficacia de la medida, que está en tela de juicio en el ámbito médico, en el sentido de saber si es que efectivamente se puede lograr disminuir la libido sexual o la incidencia de delitos sexuales cuando se aplican este tipo de sustancias”, agregó el jurista.

Según el presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, Dimitri Senmache, el abuso sexual a menores de edad es el segundo delito que más se comete en el Perú, superado solo por el hurto agravado.

De enero a octubre de 2021 en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) se atendieron más de 12 828 casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, indica el Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.