Perú: denuncia constitucional al presidente Pedro Castillo “por atentar contra la libertad”

La congresista Patricia Chirinos denunció este lunes al presidente de Perú, Pedro Castillo, por “atentar contra la libertad de millones” de ciudadanos con la inmovilización social obligatoria, decretada por el gobierno de izquierda el último martes 5 de abril.

“He presentado Denuncia Constitucional contra Castillo por atentar contra la libertad de millones de peruanos”, comunicó la parlamentaria de oposición, miembro del partido Avanza País.

Según Chirinos, “la declaratoria de inmovilización social del 5 de abril es una flagrante transgresión al orden constitucional, por la que el presidente deberá rendir cuentas ante el Congreso”.

La legisladora acusa al mandatario de una presunta infracción de varios artículos de la carta magna de Perú. En un documento que hizo llegar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Chirinos pide la destitución de Castillo y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años. Anunció que incluirá en su acusación a todos los miembros del gabinete, presidido por el primer ministro Aníbal Torres.

La declaratoria de inmovilización social del 5/04 es una flagrante transgresión al orden constitucional, por la que el presidente deberá rendir cuentas ante el Congreso. He presentado Denuncia Constitucional contra Castillo por atentar contra la libertad de millones de peruanos. pic.twitter.com/pzKbZmIais

— Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) April 11, 2022

“El presidente de la República no solo viene infringiendo nuestra Constitución de manera recurrente, sino que también muestra un manejo deplorable de la crisis y la consecuente convulsión social, hecho que se refleja en sus medidas irracionales, innecesarias y desproporcionadas”, expone el documento presentado por Chirinos.

Castillo declaró el pasado 5 de abril el estado de emergencia y toque de queda en Lima y Callao, en medio de las mayores protestas contra su gestión y un paro de transportistas y trabajadores agrícolas. La suspensión en la capital de los derechos constitucionales fue derogada un día después, tras el rechazo general de la ciudadanía y la clase política del país.

El gobierno cambió su táctica a un estado de emergencia en la red carreteras durante un mes. Las vías fueron tomadas por el ejército y la policía y quedaron “suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales” en las carreteras.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) afirmó que los decretos emitidos por el mandatario suspenden derechos básicos y son “medidas desproporcionadas que abren la puerta a abusos”, informó el Diario Las Américas.

Según Tamara Taraciuk Broner, directora de HRW para las Américas, “suspender los derechos básicos de las personas y enviar tropas para hacer frente a una huelga y al crimen es peligroso y muy desproporcionado con la situación”.

La ONG señaló que las autoridades peruanas “proporcionan una justificación limitada, si la hay, para las medidas de emergencia”, y que “las últimas medidas parecen más un intento de detener las protestas antigubernamentales en un momento en que el Gobierno enfrenta enormes dificultades políticas”.