La OEA enviará delegación a Perú para analizar crisis política del país

La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó el jueves enviar un grupo de alto nivel a Perú para analizar la crisis política del país, después de que el presidente Pedro Castillo activara la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo "de garantía colectiva para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder".

El Consejo Permanente del organismo, reunido en sesión extraordinaria a petición del presidente peruano, acordó por aclamación el envío de esta delegación, que estará integrada por expertos de los Estados miembros de la OEA, para "promover el diálogo" y fortalecer el "sistema democrático" de Perú, según el documento aprobado.

Castillo, envuelto junto con personas de su entorno en acusaciones de corrupción, se describió a sí mismo como víctima de "una nueva forma de golpe de Estado" supuestamente llevada a cabo por el Congreso y la Ministerio Público de su país. El gobernante dice esto después de que la Fiscal general, Patricia Benavides, presentara una "denuncia constitucional" contra él el 12 de octubre.

Hacemos nuestra la resolución del Consejo Permanente de @OEA_oficial y estamos a disposición para brindar apoyo y cooperación, a requerimiento del Gobierno del #Perú, mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno. https://t.co/ZthtwP9ruz

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 20, 2022

El presidente del Congreso de Perú y miembro de Avanza País, José Williams, acusó el jueves al mandatario peruano de recurrir a la OEA  para obstaculizar las investigaciones penales abiertas en su contra.

“Como titular del Poder Legislativo, debo manifestar que me preocupa profundamente que el presidente (...) esté usando un mecanismo como la Carta Democrática Interamericana con el fin de encubrir y de obstaculizar las seis investigaciones penales que pesan en su contra”, dijo Williams en declaraciones a la prensa.

La denuncia constitucional presentada por Benavides ante el Congreso acusa a Castillo de liderar un grupo criminal con el presunto propósito de amañar contratos para obtener beneficios ilícitos de obras públicas.

La Fiscalía arrestó el 11 de octubre de forma preliminar a un empresario cercano al mandatario y cuatro de sus exasesores por su supuesta vinculación en el caso.

Además, el Ministerio Público, con el apoyo de un grupo especial de la policía, allanó la vivienda de una hermana de Castillo y las oficinas y residencias de seis parlamentarios del partido Acción Popular (AP).

Castillo también está acusado de conspirar con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, así como con el exministro Silva, para beneficiar a un amigo suyo en el proyecto del puente Tarata III, una obra pública de 232,5 millones de soles (unos 58,5 millones de dólares).

En el caso contra Castillo se ha implicado, además, a la hermana menor de la primera dama, Yenifer Paredes, quien fue criada como una hija por la pareja presidencial y desde agosto pasado cumple una orden de prisión preventiva de 30 meses.

La decisión del presidente de acudir al organismo interamericano se dio el mismo día en que la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó en el Congreso una denuncia constitucional en su contra. Castillo negó las acusaciones -que incluyen tráfico de influencias y fraude- y las calificó de inconstitucionales.