Fiscal general de Perú, acusada de corrupción, responsabiliza a Boluarte por la muerte de manifestantes

Horas después de ser acusada de corrupción, la fiscal general de Perú presentó cargos contra la presidenta, Dina Boluarte, por la muerte de docenas de manifestantes durante protestas antigubernamentales.

La fiscal general Patricia Benavides presentó los cargos en una denuncia constitucional este lunes, una medida legal que Boluarte describió como “una maniobra política despreciable”.

Boluarte, la primera mujer en liderar Perú, ascendió a la presidencia después de formar exitosamente una coalición con el congreso conservador del país sudamericano.

Su transición se produjo en medio del juicio político del expresidente izquierdista Pedro Castillo, acusado de intentar disolver ilegalmente la legislatura. Su presidencia se produce en medio de una transición continua en el país sudamericano; Boluarte es la sexta jefa de Estado que dirige el país en solo cinco años.

El estado transitorio de Perú ha provocado enfrentamientos entre organizaciones de izquierda y derecha y son ya muchos los manifestantes que han resultado heridos o muertos en dos manifestaciones, ahora conocidas como masacre de Ayacucho, en diciembre de 2022, que dejó 10 muertos, y masacre de Juliaca, en enero de 2023, que dejó 18 muertos.

Benavides presentó la denuncia tras una investigación de 11 meses, pero solo horas después fue acusada de liderar una red de corrupción.

La fiscal general fue acusada de supuestamente abandonar las investigaciones contra los legisladores como un quid pro quo para que designaran a los aliados de Benavides en puestos importantes en el poder judicial.

Boluarte ha acusado a Benavides de presentar cargos en su contra para encubrir su propio riesgo legal.

Benavides respondió negando las acusaciones de la mandataria y despidió a un fiscal que la acusó de corrupción. También ha rechazado los pedidos de dimisión.

La situación entre la fiscal general y la presidenta se está convirtiendo en un enfrentamiento político, un nuevo capítulo en el período transitorio del Perú.

Durante el intento de golpe de Estado de Castillo al Congreso, el expresidente intentó disolver el legislativo, pero Boluarte, entonces vicepresidenta, rápidamente se ganó la confianza del poder judicial para ayudarla a sofocar la situación.

Después de evitar el golpe, Boluarte prestó juramento como presidente de Perú para finalizar el mandato de Castillo.

Pero la destitución de Castillo no fue bien recibida por sus partidarios. Los manifestantes izquierdistas pidieron su reinstalación y trataron de demostrar su posición ocupando aeropuertos y obstruyendo algunas de las principales carreteras del país.

La policía de Boluarte fue movilizada para dispersar las protestas, lo que retrasó el tráfico aéreo y terrestre y las entregas de alimentos y gasolina en todo el país. También dejó varados a miles de viajeros, lo que causó daños a la industria turística.

Desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2023 se estima que 49 personas murieron en enfrentamientos con la policía, según la Defensoría del Pueblo de Perú.

Los grupos de derechos humanos han culpado al gobierno, ya que muchas de las personas asesinadas murieron por heridas de bala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), determinó en mayo que “un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza fue un elemento importante de la respuesta del Estado a las protestas”.

Benavides comenzó su investigación en enero, pero no presentó cargos contra la presidenta hasta esta semana después de que fuera acusada de corrupción, lo que generó dudas. 

La fiscal general anunció en un discurso televisado que presentó una “denuncia constitucional” por cargos de asesinato contra el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Luis Alberto Otárola.

Sin embargo, es poco probable que los cargos conduzcan a un proceso exitoso, ya que Perú tiene muchos de los mismos privilegios ejecutivos que Estados Unidos.

El jefe de Estado de Perú no puede ser procesado penalmente mientras cumple su mandato y solo puede ser acusado y procesado después de su período. La norma también se aplica a los parlamentarios.

En lugar de un proceso penal, la fiscal general puede presentar una denuncia constitucional, que debe ser revisada por un comité del Congreso.

Pero, incluso, si la denuncia fuera aprobada por una mayoría legislativa, los fiscales tendrían que esperar hasta que el presidente o primer ministro deje el cargo para comenzar el procedimiento.

La presidencia de Boluarte finaliza en julio de 2026.