Corte Suprema pone fin al programa "Quédate en México" y dictamina que migrantes pueden esperar en EEUU

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el jueves que el presidente Joe Biden puede revertir el programa "Quédate en México" creado por el expresidente Donald Trump, el cual ordenaba a los funcionarios estadounidenses detener a los solicitantes de asilo de América Latina o negarles el acceso a Estados Unidos hasta que sus solicitudes fueran aprobadas.

La Corte anunció la decisión en el caso Biden contra Texas en medio de lo que muchos han considerado como la crisis migratoria más importante en la frontera sur de Estados Unidos.

Los "Protocolos de Protección de Migrantes" de la era Trump, implementados originalmente en 2019, suscitaron la ira de los demócratas cuando se implementaron por primera vez, pero sus intentos para terminar el programa fueron ineficaces en medio de la pandemia de coronavirus, debido al uso de la administración de órdenes de salud pública bajo el Título 42.

Biden mantuvo vigente el Título 42, lo cual generó algunas críticas de sus compañeros demócratas, pues un sector del partido solicitó derogar la medida, mientras que otros pidieron que siga en vigor.

La Casa Blanca ha afirmado en repetidas ocasiones que el programa "Quédate en México" de la era Trump provocó que los solicitantes de asilo quedaran vulnerables e inseguros. En particular, altos funcionarios de la administración Biden consideran que la contratación de más oficiales de audiencia ayudará a reducir el tiempo de procesamiento a seis meses desde los estancamientos actuales que han durado hasta años.

El intento del gobierno de Biden de eliminar los Protocolos de Protección al Migrante fue impugnado por estados republicanos como Mississippi, Missouri y Texas, y los tribunales inferiores preservaron su implementación inicialmente.

Entre las muchas razones para mantener la política en vigor, los fallos anteriores argumentaron que la ley federal afirma que los no ciudadanos que entran ilegalmente a Estados Unidos "serán detenidos" durante el proceso, aunque otra parte señala que quienes cruzan la frontera por tierra pueden ser devueltos al país del cual provenían.

Al parecer, las autoridades federales han tenido problemas para cumplir los requisitos legales, ya que ha habido escasez de espacio y camas en los centros de detención de inmigrantes.

"Los hechos han superado a la ley", explicó el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, durante los argumentos orales de abril.

La Corte consideró varios factores, principalmente si la ley federal permite al gobierno liberar a los inmigrantes detenidos en Estados Unidos "caso por caso por razones humanitarias urgentes, o por un beneficio público significativo".

"El gobierno de Biden argumentó que el beneficio público de liberar a algunos inmigrantes era preservar las camas en los centros de inmigración para los no ciudadanos considerados un riesgo particular para la seguridad, como los que tienen antecedentes penales", informó el Wall Street Journal.

El citado medio también informó que, "después de que se anunciara la política [de Trump], los cruces fronterizos cayeron bruscamente. Pero los migrantes enviados de vuelta a México se enfrentaron a varios peligros, incluyendo asaltos, secuestros y asesinatos, según informes de grupos de derechos humanos e informes internos del Departamento de Seguridad Nacional".

"El gobierno de Trump argumentó que Quédate en México era necesario porque reducía los incentivos para migrar, ya que a quienes presentaban solicitudes de asilo no se les permitiría vivir y trabajar en los Estados Unidos mientras esperaban que sus casos se resolvieran, un proceso que normalmente tomaba años. Los cruces fronterizos mensuales cayeron alrededor de 75% en los seis meses siguientes a su pico en mayo de 2019, cuando el programa se amplió a toda la frontera".

En su argumentación a favor del gobierno de Biden, el Departamento de Justicia (DOJ) afirmó que la ley de inmigración estadounidense otorga a la administración la discreción de decidir, caso por caso, si desea devolver a los migrantes a México mientras sus solicitudes de asilo estaban pendientes, o permitirles esperar en Estados Unidos.

El gobierno federal "ha ejercido durante mucho tiempo la discreción para elegir la mejor manera de asignar los recursos limitados dando prioridad a los no ciudadanos que deben ser detenidos y expulsados", agregaron los abogados del DOJ a los jueces durante los argumentos orales.