Cártel de Sinaloa, el principal beneficiado por operativo "Rápido y furioso"

El cártel de Sinaloa fue la organización criminal mexicana más beneficiada por el operativo conocido como Rápido y furioso, el cual tenía como objetivo rastrear armas de fuego ingresadas ilegalmente a México desde Estados Unidos.

Entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) estadounidense ejecutó este operativo para ingresar ilegalmente a México más de 2.500 armas de fuego y dar seguimiento a su paso por el país. La operación, conocida como "Rápido y furioso", pretendía identificar a los responsables de traficar armas para el crimen organizado en México.

Sin embargo, esas armas fueron descubiertas por los narcotraficantes, quienes lograron obtenerlas y, finalmente, desaparecer el rastro que debían dejar para su seguimiento.

Según la Fiscalía General de la República mexicana (FGR), tras investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se pudo "establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde el año de 2009 hasta fechas recientes".

En México, conforme a una investigación interna, se determinó que las armas entregadas como parte de "Rápido y furioso" no sólo fueron introducidas ilegalmente al país, "sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México".

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, aseguró que el cártel de Sinaloa fue "la organización delictiva destinataria de las armas". Previamente, se sabía que las armas en cuestión quedaron en manos de la delincuencia organizada, pero sin especificar a cuáles de ellas llegaron.

En diciembre de 2010 se identificaron dos rifles de asalto enviados por la ATF, los cuales fueron utilizados en un tiroteo cerca de la frontera entre Arizona y Sonora en el cual murió un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. En febrero de 2011, un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas de la Unión Americana fue asesinado en San Luis Potosí con otra de las armas que formaron parte de "Rápido y Furioso".

Los dos hechos fueron clave para revelar este operativo, por el cual el gobierno mexicano, entonces encabezado por Felipe Calderón, presentó una queja a Washington para descubrir sus intenciones y ejecución. Desde entonces, el expresidente mexicano ha defendido que su administración no tenía conocimiento de que la ATF introdujo armas al país.

"Si, tal como apunta la evidencia descrita, el gobierno de México conoció y autorizó el operativo, estaríamos ante graves violaciones a la Constitución mexicana y las leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad”, afirmó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en marzo de 2020, cuando el gobierno mexicano envió la carta a la AFT para solicitar informes del operativo.

Asimismo, la revelación de "Rápido y Furioso" provocó una pugna entre el Congreso estadounidense y el presidente Barack Obama, quien utilizó su privilegio ejecutivo para impedir que el fiscal general entregara documentos clave sobre el operativo a la Cámara de Representantes –entonces controlada por el Partido Republicano– encargada de indagar sobre el caso.

En 2016, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia publicó un informe final de la investigación, donde consideró que "Rápido y Furioso" fue supervisado irresponsablemente.