Trabajadores federales presentan demanda contra el mandato de vacunación

Los empleados federales con inmunidad natural al COVID-19 demandaron este viernes a miembros del grupo de trabajo del presidente Joe Biden que se encargan de hacer cumplir el mandato de vacunación obligatoria para los trabajadores del gobierno.

La demanda colectiva es dirigida explícitamente al director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci; la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky; al consejero de Biden, Jeffrey Zients; el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murhty; y al secretario de Asuntos de los Veteranos, Denis McDonough.

Los empleados federales aseguran que la política viola los derechos constitucionales contra el “tratamiento médico innecesario” y la Autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés), del que todavía se rigen todas las vacunas.

La demanda alega que el mandato carece de exenciones tanto para la inmunidad natural como para los trabajadores que cumplen su jornada a distancia, es decir, en su domicilio o en algún otro espacio. Al mismo tiempo, la política acepta “vacunas extranjeras que no fueron aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés)”, y que son menos eficaces que la inmunidad natural.

La demanda se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, donde reside el demandante y empleado civil de la Marina, Isaac McLaughlin, y donde están establecidas algunas de las agencias de los demandantes.

El resto de los demandantes federales con inmunidad natural residen en Florida, Georgia, Virginia, Luisiana, Nueva Jersey y California; y trabajan para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Administración Federal de Aviación (FAA), Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el Departamento de Agricultura (USDA) y el Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS).

La demanda también señala que “ningún empleado federal tiene garantizado el acceso a la versión de la vacuna Pfizer que está totalmente aprobada”, haciendo referencia a la reciente aprobación de la vacuna Comirnaty de Pfizer, “legalmente distinta” a la vacuna Pfizer-BioNTech que todavía está bajo la EUA.

La FDA reconoce que las diferencias de ambas vacunas aún no están especificadas, aunque afirma que son intercambiables mediante una guía no obligatoria.

“Servir al Gobierno federal no significa que seremos sometidos a experimentos para probar los medicamentos”, continúa la demanda. Incluso si una vacuna aumentara sus “niveles de anticuerpos”, este incremento “no proporcionaría ningún beneficio convincente”.

Los demandantes están representados por la Nueva Alianza de Libertades Civiles (NCLA, por sus siglas en inglés) y la Fundación de Políticas Públicas de Texas.

“Si su empleador federal lo obliga a vacunarse, ¿puede también imponer la liposucción para los que tienen sobrepeso o quitar riñones a unos para dárselos a otros?, expuso John Vecchione, abogado principal de la NCLA, en un comunicado de prensa. 

La demanda incluye 20 páginas de declaraciones sobre la “protección duradera” de la inmunidad natural de Martin Kulldorff, bioestadístico y profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard; y Jay Bhattacharya, profesor de medicina en la Universidad de Stanford.

La misma estrategia del Plan de Energía Limpia

Los demandantes indicaron que desde la orden ejecutiva de Biden, el Grupo de Trabajo para la Seguridad de la Fuerza Laboral Federal “ha emitido un conjunto de instrucciones engañosas que están en constante cambio” a través de su página web.

Entre ellas, se encuentra un plazo de cumplimiento hasta el 22 de noviembre, ya que el Grupo de Trabajo define “totalmente vacunado” como dos semanas después de recibir las dos dosis de Pfizer o Moderna, o una dosis de Johnson & Johnson.

Según el calendario de dosis de las vacunas, para que los trabajadores federales no sean despedidos, debieron haber recibido la primera dosis entre el 11 y 18 de octubre; y también enfrentan el problema de escasez de la vacuna J&J de una dosis.

“Los empleados federales que se oponen a este mandato ilegal, no pueden esperar a que se emitan reglamentos o políticas específicas de la agencia para cumplirlo" dado al plazo establecido en el mandato, alegan los demandantes.

Los empleados federales se enfrentan al despido, ya que no existe un “período de gracia disciplinario”, lo que los obliga a impulsar la demanda contra la política federal.

Los empleados aseguran que el Grupo de Trabajo está usando la misma estrategia de la administradora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Gina McCarthy, en 2015.

McCarthy emitió el Plan de Energía Limpia, un reglamento de 2.000 páginas que presuntamente excedía su autoridad, y dijo que la mayoría de las empresas de servicios públicos debían cumplirla incluso si los tribunales intervienen para anular la orden.

La Corte Suprema emitió una suspensión del reglamento antes de que un tribunal inferior de apelaciones pudiera revisarlo, y la Administración de Donald Trump la anuló por completo al año siguiente. A diferencia de las inversiones eléctricas, “que se pueden deshacer al menos hasta cierto punto, recibir una vacuna es verdaderamente irreversible”, afirma la demanda.

El Grupo de Trabajo y el equipo de respuesta contra el COVID-19 de la Casa Blanca “establecieron plazos repentinos para el cumplimiento del mandato”, con el fin de obligar a los empleados a vacunarse antes de que los tribunales pudieran intervenir.

La única acción desde que se presentó la demanda fue una conferencia previa al juicio programada para el 23 de febrero por el juez de primera instancia de la Corte para el Distrito Sur de Texas, Andrew M. Edison.