Representante demócrata respalda el control local para la votación de los no ciudadanos mientras el partido impulsa elecciones federalizadas

El representante demócrata de California, Pete Aguilar, vicepresidente del Caucus Demócrata de la Cámara y miembro del Caucus Hispano del Congreso, dijo que las localidades tienen la "autoridad" para permitir que los no ciudadanos voten en ciertas elecciones.

Los comentarios de Aguilar se producen cuando los demócratas se mueven para aprobar la Ley de Libertad para Votar, que incluye reglas federales que las localidades y los estados deberán seguir, como no requerir una identificación con foto o un número de Seguro Social para emitir un voto.

Aguilar respondía a la pregunta de cómo él y el Caucus Hispano del Congreso veían que el gobierno de la ciudad de Nueva York permita que unos 800,000 no ciudadanos voten en las elecciones locales. El Comité Nacional Republicano está desafiando la medida.

"Las elecciones son administradas por funcionarios locales, y los funcionarios locales también tienen autoridad para tomar decisiones sobre permitir que los individuos, cualquier individuo, vote en las elecciones locales", dijo Aguilar durante una conferencia telefónica para anunciar su apoyo al esfuerzo de los líderes demócratas del Senado para cambiar las reglas obstruccionistas y permitir la aprobación de la legislación de reforma electoral del partido. “Entonces, de lo que estás hablando es de una propuesta para permitir que los padres voten en las elecciones de la junta escolar local y las elecciones del consejo municipal local. Esa es una decisión local.

“Creo que mis colegas y yo entendemos y respetamos absolutamente el derecho y la santidad de votar. De lo que estamos hablando aquí es de los esfuerzos republicanos para privar de sus derechos, para detener la votación anticipada, para limitar el acceso a las urnas”.

Los demócratas también están presionando para que se apruebe la llamada Ley de Derechos Electorales John Lewis, que requeriría que los estados reciban la aprobación del gobierno federal antes de cambiar la ley electoral si "se produjeron violaciones" de los derechos electorales durante los plazos específicos contemplados en el proyecto de ley.

La legislación "establece nuevos criterios para determinar qué estados y subdivisiones políticas deben obtener autorización previa antes de que los cambios en las prácticas de votación" puedan tener efecto.

Un estado y todas sus subdivisiones políticas que cumplan con los criterios "estarán sujetos a autorización previa de cambios en las prácticas de votación durante un período de 10 años", según un resumen oficial del proyecto de ley.