Norma para imponer aumento del salario mínimo a contratistas federales se enfrenta a litigio judicial

Numerosas demandas de contratistas federales se han presentado debido al mandato de vacunación impuesto por la administración Biden. Sin embargo, otra orden, la cual busca imponer un salario mínimo de 15 dólares por hora a las mismas empresas, se enfrenta a otro desafío judicial.

Pacific Legal Foundation (PLF) demandó al gobierno federal por esta cuestión en nombre de los guías al aire libre. En su queja, la empresa argumenta que esta decisión equivale a "una manera del Ejecutivo para forzar una agenda social a través de los contratistas federales". La orden también viola la Ley de Procedimientos Administrativos y son inconstitucionales, menciona la misma demanda.

La fundación jurídica sin ánimo de lucro presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado en nombre de Arkansas Valley Adventures (AVA), una empresa con licencia para prácticar la pesca fluvial regulada por la División de Parques y Vida Silvestre de Colorado.

También representa a la Colorado River Outfitters Association (CROA), una asociación comercial sin fines de lucro que representa a más de 150 operadores independientes, los cuales realizan sus actividades principalmente en tierras federales con permisos de uso especial a través del Servicio Forestal o la Oficina de Gestión de Tierras.

La demanda nombra como demandados al presidente Joe Biden, al secretario de Trabajo Marty Walsh, así como al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en particular a su División de Salarios y Horarios y a su administrador.

El Departamento de Trabajo emitió la norma final el 16 de noviembre tras una orden ejecutiva emitida por Biden 27 de abril. En ella se ordena el aumento del salario mínimo por hora a los empleados que realizan trabajos en o relacionados con contratos federales a 15 dólares a partir del 30 de enero.

También elimina el salario mínimo por propina para los empleados de contratos federales para 2024, garantiza un salario mínimo de 15 dólares para los trabajadores con discapacidad que realicen trabajos en o relacionados con contratos federales, e impone requisitos de salario mínimo a los proveedores y guías que operan en tierras federales.

"Los trabajadores contratados por el gobierno federal son trabajadores esenciales y son fundamentales para el gobierno federal". La norma "supone un avance para revertir décadas de desigualdad de ingresos" y "garantiza que el gobierno federal predica con el ejemplo", argumentó Walsh en una conversación telefónica con periodistas cuando se presentó la norma.

De los 1,8 millones de trabajadores potencialmente beneficiados, se espera que sólo 327.300 cuenten con un incremento salarial, según previsiones del Departamento de Trabajo.

El aumento del salario mínimo "mejora la productividad de los trabajadores y genera un trabajo de mayor calidad al mejorar la salud, la moral y el esfuerzo de los trabajadores; reduce el ausentismo y la rotación de personal; además, disminuye los costos de supervisión y formación", señala la norma.

La orden de Biden sobre el salario mínimo es similar a la emitida por el expresidente Barack Obama en 2014. Por ello, la administradora interina de Salarios y Horas, Jessica Looman, sostiene que la orden ejecutiva de Biden "es buena para la economía y se enfoca en terminar con décadas de desigualdad de ingresos".

"El aumento de los ingresos resultante de esta Orden Ejecutiva ayudará a los trabajadores esenciales de los contratos federales ahora y en el futuro", argumentó Looman.  

Sin embargo, AVA argumenta que el mandato es agrupado erróneamente con los contratistas federales, lo que los obliga "a adoptar un modelo salarial que es fundamentalmente incompatible con la forma en que opera la industria".

AVA, empresa que ofrece una amplia gama de experiencias al aire libre durante todo el año, incluyendo viajes guiados de rafting de varios días en verano, no es un contratista federal y nunca lo ha sido. Pero, debido a que tiene un permiso especial para operar en tierras federales, está sujeta a este requisito.

En su demanda señala que esta distinción fue reconocida por la administración Trump, la cual en 2018 emitió una exención al mandato de la era Obama.

El mandato de Obama no "fomenta la economía y la eficiencia al poner estos servicios a disposición de quienes quieren disfrutar de nuestros terrenos federales", sostiene la exención. Por el contrario, "amenaza con elevar significativamente el costo de las excursiones guiadas y de los tours en tierras federales, lo cual impediría que muchos visitantes disfruten de la gran belleza de la naturaleza de Estados Unidos", afirmaba la demanda.

Para cumplir con la norma, AVA se vería obligada a reducir la duración y tipos de excursiones ofrecidas, a recortar el horario de sus guías, así como a aumentar radicalmente sus tarifas. Las tres opciones perjudicarían el sustento del propietario y de los guías de AVA, ya que pagar 15 dólares la hora por varias excursiones de 24 horas al día sería un costo prohibitivo, según la demanda.

De aplicarse, la norma podría poner fin a los viajes de varios días, una de las principales fuentes de negocio de AVA, e incluso podría terminar con su actividad comercial. Lo mismo ocurriría con los miembros de la CROA.

Sin embargo, éstas no serían las únicas empresas afectadas. El Departamento de Trabajo estima que la norma afectará a más de 500.000 empresas privadas, incluidas unas 40.000 que ofrecen concesiones o servicios recreativos en virtud de permisos o licencias de uso especial en terrenos federales.

El Departamento de Trabajo también estimó que la norma daría lugar a "transferencias de ingresos de los empleadores a los empleados en forma de tasas salariales más altas" de "1.700 millones de dólares al año durante 10 años".

Los "costos directos medios anualizados de los empleadores se estiman en 2,4 millones de dólares" para cada empresa, algo que la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios determinó como "económicamente significativo", señaló la demanda.

La norma, de 348 páginas, reconoce que, una vez aplicada, aumentará los costos de cumplimiento, los costos para el consumidor, al tiempo que reducirá los beneficios y provocará el "deshaucio" de algunas empresas.

Al respecto, el Departamento de Trabajo sugiere que la norma producirá beneficios no monetizados, como la mejora de los servicios gubernamentales, el aumento de la moral y la productividad, la reducción de la rotación y el ausentismo, así como la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos.

Pero la administración no tiene autoridad constitucional para regular el salario mínimo, argumenta el PLF. Esa es una tarea para el Congreso.

"Sólo el Congreso puede legislar para fijar los salarios mínimos. El presidente no puede establecer un salario mínimo por decreto administrativo. La Constitución dice que sólo el Congreso puede hacer leyes que obliguen al público", afirmó el abogado del PLF Caleb Kruckenberg en un comunicado.

Mientras el caso se abre paso en los tribunales, la División de Salarios y Horarios del Departamento de Trabajo ya comenzó a avanzar con el cambio de la norma. Así, ha celebrado seminarios virtuales sobre el cumplimiento, junto con seminarios web interactivos para que las agencias de contratación, los contratistas, los sindicatos, los trabajadores y otras partes interesadas aprendan a cumplir la nueva norma.