Musk, Cuban y otros multimillonarios con la lengua suelta, piden a Corte Suprema que controle las órdenes de mordaza de la SEC

Mucho antes de que los locuaces multimillonarios Elon Musk y Mark Cuban se enfrentaran con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), el director financiero de Xerox renunció a sus derechos de la Primera Enmienda para quitarse de encima a la agencia.

Ahora ambos respaldan a Barry Romeril en un caso presentado ante la Corte Suprema a cinco décadas de que la SEC impusiera órdenes de mordaza en los acuerdos, que amenazan con multas y penas de prisión para los acusados ​​​​que posteriormente impugnan la factualidad de las afirmaciones de la agencia sobre ellos.

El CEO de Tesla y el entusiasta propietario de los Dallas Mavericks se unieron a uno de varios escritos de amigo de la corte (amicus curiae) presentados por inversionistas, académicos constitucionales y grupos legales de interés público en apoyo de Romeril. La respuesta de la SEC debió presentarse inicialmente el 22 de abril, pero obtuvo una extensión hasta el 23 de mayo.

Es el segundo desafío constitucional a la SEC presentado por la New Civil Liberties Alliance (NCLA), que también alega que su sistema de jueces internos viola la separación constitucional de poderes.

Antes de representar a Romeril, NCLA le pidió a la agencia en 2018 que desechara su regla de mordaza de 1972, que había sido aprobada sin una reglamentación. La SEC ha argumentado de diversas formas que tiene la intención de evitar la "percepción" de que sus acusados son inocentes o que estaba "actuando en connivencia con los malhechores" para disminuir sus castigos.

"Es muy poco probable institucionalmente que el gobierno admita cualquiera de estas prácticas", escribió el grupo legal. "Silenciar a las únicas otras partes en los acuerdos con un bozal impuesto por el gobierno permite que el gobierno actúe con impunidad".

El otoño pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EEUU confirmó un fallo de juicio contra la impugnación de Romeril de 2019, que se produjo 16 años después de que aceptara la "disposición de no admitir o negar" en su acuerdo de consentimiento. "La Primera Enmienda no es una excepción" a la regla de que las partes pueden renunciar a derechos constitucionales como el derecho a un juicio, dijo el panel de tres jueces.

Esta es una pista falsa, dijo NCLA al solicitar la revisión de SCOTUS. La SEC dijo en 2012 que resuelve aproximadamente el 98% de los casos que presenta y que "nunca podría ganar" una orden de mordaza en un juicio si lo intentara. Esta restricción previa "por excelencia" y "de por vida" sobre el "discurso totalmente veraz" ni siquiera puede imponerse por ley a los acusados ​​condenados por traición, según el escrito.

Cuban ganó uno de esos pocos juicios en 2013, gastando más en la defensa del tráfico de información privilegiada de lo que habría pagado en multas, dijo Cuban a los medios en ese momento. Responsabilizó a la entonces presidenta de la SEC, Mary Jo White, por no establecer "reglas de línea clara" para que las sigan los inversores: "Regulan a través de litigios".

Los tuits de Musk sobre Tesla fueron el objetivo de su acuerdo con la SEC de 2018, que ahora impugna ante los tribunales por motivos de la Primera Enmienda al invocar la disputa del rapero Eminem con la FCC.

Estos empresarios "sofisticados" "tienen un interés particular en fomentar la capacidad de los demandados para que comenten sobre las afirmaciones no probadas de la SEC y las circunstancias que dichos demandados afirman que los llevaron a llegar a un acuerdo", según su informe con Investor Choice Advocates Network.

La SEC no solo es hipócrita al exigir "transparencia y divulgación totales" unidireccionales, sino que las órdenes de mordaza también retienen "información potencialmente importante" de los participantes en los mercados de valores, que son los supuestos beneficiarios de las reglas de transparencia de la agencia, según el informe.

Los acuerdos son inevitables para la mayoría de los involucrados porque "el costo legal de resistir a un oponente que tiene recursos prácticamente ilimitados sería financieramente ruinoso e infligiría un enorme daño a su reputación". La SEC sabe que no revelan la verdad como lo haría un juicio, dijeron Musk y Cuban.

La Corte de Apelaciones del Distrito de EEUU para el Circuito de D.C. rechazó una apelación el verano pasado del Instituto Cato en su desafío de la Primera Enmienda a las órdenes de mordaza, que impidió que el grupo de expertos libertario publicara un informe de primera mano sobre la "percepción de extralimitación" por parte de la SEC.

Cato se unió a un informe del Instituto de Empresas Competitivas, el Instituto para la Libertad de Expresión y el Instituto para la Justicia, que habían representado a Cato en la corte. Los cuatro quieren publicar historias de las víctimas de la extralimitación de la SEC en su "beca, comentario y testimonio ante el Congreso", explica su informe.

La SEC sabe que amenazar con enviar a Romeril a la cárcel y hacer que "pague casi $2 millones en multas adicionales" por criticar a la agencia es inconstitucional, afirman. La orden de mordaza ni siquiera protege a los inversores, argumentan, porque permite que Romeril les diga en conversaciones "privadas" que la agencia mintió sobre él.

“Aparte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, la SEC es la única agencia en toda la burocracia federal que ve la necesidad de suprimir el discurso de cada demandado que llega a un acuerdo”, dice el informe.

Los grupos denunciaron al Segundo Circuito por "aislar efectivamente a la Comisión de toda responsabilidad", incluso en los tribunales. Solo la Corte Suprema puede resolver el problema porque las órdenes de mordaza también impiden que los acusados ​​presenten peticiones al Congreso, ocultando información crucial a los legisladores que supervisan "el estado administrativo", dijeron.

El Segundo Circuito creó una división con otros tribunales federales de apelaciones, pero también con los tribunales estatales "en un momento en que los principios que rigen la exigibilidad de la no divulgación, el no menosprecio y acuerdos similares que imponen el silencio se encuentran en una situación muy fluida", escribieron los académicos.

Las órdenes de mordaza son una "restricción previa 'en esteroides', fatalmente infectadas por el contenido y la discriminación de puntos de vista" y "animadas por el deseo egoísta del gobierno de protegerse de las críticas", dice el informe. La "doctrina de las condiciones inconstitucionales... significa como mínimo que el gobierno no recibe vía libre de lo que de otro modo sería una violación indisputable" de la Primera Enmienda, un "pistola en la cabeza" figurativa para obligar a un acuerdo.

La Sociedad Tomás Moro fue el único grupo explícitamente religioso que se presentó. El bufete de abogados de interés público señaló que el Sexto Circuito confirmó el derecho de un profesor cristiano a abstenerse de llamar a un estudiante transgénero por diferentes pronombres, con el argumento de que "[s]in una libertad de expresión genuina, la búsqueda de la verdad se ve obstaculizada".