Migrantes indocumentados recibirán al menos $5,6 millones de los contribuyentes para su defensa legal este año

Los contribuyentes estadounidenses aportarán al menos 5,6 millones de dólares para la defensa legal de los inmigrantes indocumentados en el año fiscal 2022, informó el martes el Instituto de la Ley de Reforma de Inmigración (IRLI, por sus siglas en inglés).

El dinero de los contribuyentes ha financiado el programa de defensa contra la deportación, una iniciativa que "proporciona representación y/u otros servicios legales a un no ciudadano que se enfrenta a un proceso de deportación, generalmente con un costo reducido o sin costo para el acusado”.

Pero la legislación estadounidense dice que los extranjeros indocumentados en proceso de deportación no tienen derecho a representación legal, ya que la ley de inmigración es un asunto civil, no penal.

"Estos programas son un insulto para todos los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley y residentes legales", dijo Dale L. Wilcox, director ejecutivo y consejero general de IRLI. "Nuestras leyes establecen claramente que los no ciudadanos acusados de delitos civiles no tienen derecho a representación legal. Sin embargo, tenemos grupos radicales antifronteras que inician estos programas y les imponen la ley a los ciudadanos distraídos. Es indignante".

Los programas de defensa contra la deportación han utilizado fondos públicos en 50 jurisdicciones, afirmó el IRLI. Veintidós de estos gobiernos estatales y locales se asociaron con el grupo de tendencia izquierdista, el Instituto Vera de Justicia.

El Instituto Vera de Justicia dijo a Fox News que proporcionar representación legal a los inmigrantes está "ampliamente apoyado y en línea con nuestros valores estadounidenses más fundamentales”.

"Nadie debería comparecer ante un tribunal de inmigración sin un abogado, especialmente cuando las consecuencias incluyen la posible deportación y la separación de la familia y la comunidad. Es responsabilidad del gobierno proteger los derechos fundamentales, la salud y la seguridad de todos en nuestras comunidades, incluyendo a los inmigrantes que están en el punto de mira de nuestro creciente sistema federal”.