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Política

Legisladores de Luisiana aprueban castración quirúrgica para culpables de delitos sexuales contra niños

Los legisladores de Luisiana han dado su aprobación final a un proyecto de ley que permitiría a los jueces ordenar la castración quirúrgica de individuos condenados por ciertos delitos sexuales agravados contra menores de 13 años. Este nuevo castigo sería adicional al tiempo de prisión y es considerado por sus proponentes como un paso necesario para abordar estos crímenes.

Aproueban castración
castración | Shutterstock

Junio 3, 2024 8:45pm

Updated: Junio 4, 2024 2:36pm

Los legisladores de Luisiana han dado su aprobación final a un proyecto de ley que permitiría a los jueces ordenar la castración quirúrgica de individuos condenados por ciertos delitos sexuales agravados contra menores de 13 años. Este nuevo castigo sería adicional al tiempo de prisión y es considerado por sus proponentes como un paso necesario para abordar estos crímenes.

El proyecto de ley, aprobado con amplio respaldo en ambas cámaras, dominadas por los republicanos, otorga a los jueces la opción de imponer la castración quirúrgica después de una condena por delitos graves como violación, incesto y abuso sexual contra menores. La senadora estatal republicana Valarie Hodges defendió la medida como una consecuencia necesaria que va más allá de simplemente encarcelar a los delincuentes.

"Es una consecuencia", afirmó Hodges durante una audiencia en abril. "Es un paso más allá de solo ir a la cárcel y salir".

Actualmente, varios estados, incluyendo Luisiana, permiten la castración química, un procedimiento menos invasivo que utiliza medicamentos para bloquear la producción de testosterona y disminuir el impulso sexual. Sin embargo, la castración quirúrgica representa un enfoque más drástico y permanente.

La medida ha recibido apoyo significativo, pero también ha sido objeto de críticas. Los votos en contra provinieron principalmente de demócratas, aunque fue una legisladora demócrata, la senadora Regina Barrow, quien patrocinó el proyecto de ley. Barrow expresó su esperanza de que la legislación sirva como un fuerte disuasivo contra los delitos sexuales contra menores.

"Estamos hablando de bebés que están siendo violados por alguien," dijo Barrow durante una reunión del comité en abril. "Eso es imperdonable."

Barrow también señaló que la ley podría aplicarse tanto a hombres como a mujeres y que la imposición del castigo sería evaluada caso por caso, a discreción de los jueces. Si un delincuente se niega a someterse a la castración quirúrgica ordenada por un juez, podría enfrentarse a cargos adicionales y a una pena de prisión adicional de tres a cinco años.

En la actualidad, Luisiana tiene 2,224 personas encarceladas por delitos sexuales contra menores de 13 años. Si el proyecto de ley se convierte en ley, solo se aplicará a los delitos cometidos a partir del 1 de agosto de este año. La ley de castración química de Luisiana, vigente desde 2008, ha sido aplicada en muy pocos casos, según funcionarios.

En comparación, estados como California, Florida y Texas permiten la castración química y, en algunos casos, los delincuentes pueden optar por el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, no se conoce de estados que tengan leyes que permitan a los jueces específicamente imponer la castración quirúrgica como lo propone el proyecto de ley de Luisiana.

El proyecto de ley ha enfrentado oposición por parte de quienes lo consideran un castigo "cruel e inusual" y cuestionan la efectividad de la castración para prevenir futuros delitos. Algunos legisladores de Luisiana también han expresado preocupación sobre si el castigo es demasiado severo para alguien que podría tener una sola ofensa.

"Para mí, cuando pienso en un niño, una vez es demasiado," respondió Barrow, subrayando la gravedad de estos crímenes.

La legislación también estipula que un experto médico debe determinar si el delincuente es un candidato adecuado para el procedimiento antes de que se lleve a cabo.

El destino del proyecto de ley ahora está en manos del gobernador conservador Jeff Landry, quien decidirá si lo firma para convertirlo en ley o lo veta.