Juez ordena a los CDC entregar millones de informes de lesiones por vacunas contra el COVID-19

En una decisión judicial que destapa información crucial, un juez federal ha ordenado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos revelar datos sobre su programa de vigilancia activa de vacunas COVID-19. Este programa, que inscribió a 8.5 millones de participantes desde diciembre de 2020 hasta abril de 2021, ha sido objeto de controversia después de que se revelara que los receptores iniciales informaron una tasa sorprendentemente alta de eventos adversos moderados a graves tras recibir las vacunas, aproximadamente uno de cada tres.

La aplicación móvil V-safe no proporcionó opciones para el dolor en el pecho y otros síntomas cardíacos, obligando a los usuarios a ingresarlos como "entradas de texto libre" de hasta 250 caracteres. Esto, a pesar de que el CDC incluyó la miocarditis y la pericarditis como "eventos adversos de interés especial" en el protocolo inicial de V-safe.

Ahora, más de 7.8 millones de estas entradas de texto libre se harán públicas en el próximo año, gracias a una demanda bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), diferente a la demanda del Informed Consent Action Network que provocó la liberación de datos de casillas hace más de un año.

El juez del Distrito de EE. UU., Matthew Kacsmaryk, reprendió a la agencia en su fallo, indicando que el CDC ofreció débiles excusas para retener las entradas de texto libre. El juez destacó que el CDC exageró enormemente la laboriosidad del proceso de revisión y censura, y subestimó la disponibilidad de "asistencia automatizada".

El cronograma establecido por Kacsmaryk requiere que el CDC entregue un mínimo de 390,000 registros al mes hasta abril, 650,000 al mes de mayo a julio y 780,000 al mes de agosto a enero del próximo año.

El juez señaló que, en 2024, los ciudadanos estadounidenses podrían estar más interesados en los datos de COVID debido a recientes declaraciones del exdirector de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins, quien expresó pesar por el enfoque de "confiar en la ciencia" sin considerar las consecuencias sociales y económicas.

La decisión judicial resalta la importancia de los datos de V-safe, ya que las decisiones sobre mandatos de vacunas COVID-19 se han basado en afirmaciones federales de que las vacunas son "seguras y efectivas". El juez Kacsmaryk sostiene que, dada la enorme inversión de fondos públicos en el desarrollo y distribución de las vacunas, hay un interés público sustancial en examinar los datos clínicos crudos.

Este fallo judicial plantea preguntas sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión de la información relacionada con las vacunas COVID-19, y su impacto en la toma de decisiones informadas por parte del público y los profesionales de la salud.