Juez ordena a altos funcionarios de Joe Biden declarar en el caso de censura de las Big Tech

Un juez federal ordenó el viernes que altos funcionarios de la administración de Joe Biden comparezcan a declarar sobre una demanda por la supuesta colusión del gobierno federal de Estados Unidos con las principales empresas tecnológicas e informáticas para censurar a los usuarios.

El jefe de epidemiología de Biden, el Dr. Anthony Fauci, la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, y el director de estrategia digital de la Casa Blanca, Rob Flaherty, son algunos de los altos funcionarios que deben testificar.

Liderada por el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, y el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, la demanda alega que el gobierno de Biden colaboró activamente con las empresas de redes sociales y las alentó a censurar puntos de vista y oradores "desfavorables" y, en consecuencia, violó los derechos de la Primera Enmienda de esas personas.

En su decisión, el juez de distrito Terry Doughty afirmó que los comentarios públicos anteriores de Fauci en relación con la política nacional sobre la pandemia lo convertían en una figura relevante en el caso y ordenó su declaración.

“Tras encontrar documentación sobre una relación colusoria entre la Administración Biden y las empresas de redes sociales para censurar la libertad de expresión, presentamos inmediatamente una moción para que estos funcionarios declararen bajo juramento”, dijo el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, en una declaración. 

“Ya es hora de que pongamos en evidencia esta empresa de censura y obliguemos a estos funcionarios a confesar ante el pueblo estadounidense y esta sentencia nos permite hacerlo. Nosotros seguiremos presionando por la verdad”. 

Otros funcionarios que también fueron depuestos son: el agente especial supervisor del FBI Elvis Chan, la directora de la CISA Jen Easterly, la funcionaria de la CISA Lauren Protentis, el cirujano general Vivek Murthy, la jefa de la rama de medios digitales de los CDC Carol Crawford, y el coordinador en funciones del Global Engagement Center del Departamento de Estado, Daniel Kimmage.

La New Civil Liberties Alliance, que representa a varios de los demandantes en el caso, celebró la sentencia.