Juez bloquea temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Trump para agilizar deportaciones

Un juez federal en Washington D.C. expandió este sábado su bloqueo temporal del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 invocada por la Administración de Donald Trump para acelerar las deportaciones de inmigrantes venezolanos relacionados con bandas criminales.

La norma del siglo XVIII -cuando Estados Unidos estaba al borde de la guerra con Francia- solo aguantó en pie un par de horas, ya que el juez de distrito James Boasberg emitió una orden para bloquear cautelarmente la deportación no sólo de los venezolanos detenidos en cárceles estadounidenses, sino de cualquier persona migrante.

Boasberg había dicho que realizaría una audiencia para determinar el alcance de su fallo emitido más temprano, que impedía la deportación de cinco venezolanos bajo la legislación, tras demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

“Cualquier avión con estas personas que esté a punto de despegar, o ya esté en el aire, necesita regresar inmediatamente”, escribió el juez.

Esta semana se informó que Trump preveía emplear la antigua norma para acelerar las deportaciones masivas de inmigrantes que prometió durante su campaña. La Ley de Enemigos Extranjeros, nacida tras la Guerra de Independencia para luchar contra espionaje y sabotajes británicos, y usada por primera vez en la Guerra de 1812, se puede activar -sin pasar por el Congreso- únicamente cuando existe invasión o “incursión predatoria” en territorio estadounidense.

Pero la invocación de la ley en el marco de la política migratoria y para tramitar deportaciones no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, ya que la jurisprudencia la reserva en respuesta a actos de bandos beligerantes.

Algunos grupos y políticos conservadores “ven la Ley de Enemigos Extranjeros como una autoridad supercargada para deportar, pero la lectura que proponen de la ley está en contradicción con siglos de práctica legislativa, presidencial y judicial”, escribió en un análisis Katherine Yon Ebright, experta del Brennan Center.

ACLU y la organización Democracy Forward presentaron este sábado una demanda extraordinaria en la que sostenían que la Administración Trump identificaría a la peligrosa banda venezolana Tren de Aragua como “una incursión predatoria” de un Gobierno extranjero y deportaría a cualquier venezolano en el país como si fuera miembro de la banda, independientemente de los hechos, según destaca Associated Press. 

Defensores de derechos humanos temen que, al invocar la ley de 1798, ocurra la deportación “inmediata” de quienes la Administración considere una amenaza sin “oportunidad de una revisión judicial”, según la demanda, agregando que algunos venezolanos en procesos de inmigración fueron trasladados a Texas desde otros estados para “una deportación masiva”.