Juez bloquea mandato de vacunación contra COVID-19 para el personal sanitario

Un juez federal de Luisiana bloqueó a última hora este martes el mandato de vacunación contra el COVID-19 de la Administración Biden para el personal sanitario, en respuesta a la solicitud de una orden judicial preliminar presentada por varios estados, incluido Indiana.

El mandato se paralizó en todo el país, excepto en los 10 estados en los que un juez federal de Missouri ya había emitido una orden similar.

"Una gran victoria para la libertad de la gente de Indiana y de todo el país", dijo el fiscal general de ese estado, Todd Rokita, en un comunicado el martes por la noche.

La orden judicial, concedida por el juez, Terry Doughty, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Luisiana, permanecerá en vigor hasta que se de a conocer el resultado del caso.

Indiana se unió a Alabama, Arizona, Georgia, Idaho, Luisiana, Mississippi, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur, Utah y Virginia Occidental en la presentación de la demanda federal que impugna la normativa de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), que exigía a todos los empleados de los hospitales y otros proveedores de atención sanitaria aceptar Medicare o Medicaid para recibir la vacuna contra el COVID-19. El mandato abarcaba a casi todos los hospitales del estado, y también a muchas otras clínicas y consultorios médicos.

En la demanda presentada el 15 de noviembre, Indiana y los demás estados argumentan que la Ley de Seguridad Social, que creó los programas de Medicare y Medicaid, se centra en los pacientes y mejorar el acceso a los servicios de atención sanitaria para los estadounidenses de bajos ingresos y de edad avanzada.

"Al obligar a un número significativo de trabajadores sanitarios a administrarse la(s) vacuna(s) o a abandonar la fuerza laboral de Medicare y Medicaid, el mandato de vacunación de los CMS perjudica el acceso a la atención de los pacientes (y, por tanto, la calidad de la misma)", advirtieron los estados.

La demanda también indica que, el mandato de vacunación "provoca un grave peligro para las personas vulnerables a las que Medicare y Medicaid protege -los pobres, niños, enfermos y ancianos- al forzar el despido de millones de ‘héroes de la salud’ esenciales".

El mandato cuenta con otros "defectos fatales", según la demanda: excede la autoridad de los CMS bajo la ley, viola la prohibición de la Ley de Seguridad Social sobre los reguladores sanitarios, la Cláusula de Gastos,  la doctrina Anti-Commandeering y la Décima Enmienda; además, la Administración Biden no respetó la Ley de Procedimiento Administrativo al no seguir el proceso de notificar la normativa y permitir comentarios públicos.

Varios hospitales comenzaron a imponer sus propios mandatos de vacunación a los empleados antes de que se anunciaran y emitieran los mandatos federales este otoño. Entre ellos se encuentran IU Health, que anunció su mandato a principios de junio, y Ascension St. Vincent Hospital, que lo hizo a finales de julio.

Cientos de enfermeras y otros trabajadores sanitarios fueron suspendidos sin sueldo cuando los hospitales empezaron a cumplir el mandato federal. Se enfrentaban al despido el 4 de enero si no se habían vacunado o tenían una exención aprobada para esa fecha.

El estado de Indiana es demandante en tres juicios distintos que desafían el mandato federal de vacunación, uno de ellos relacionado con contratistas federales y el otro con empleadores con 100 o más empleados.

La administración Biden retiró la norma de empleadores con 100 o más empleados después de que el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito emitiera un fallo que calificaba la regla de "defectuosa" en un caso presentado por otro grupo de estados.

ESte martes, un juez federal de Kentucky también emitió una orden judicial en una demanda que impugnaba la norma de los contratistas federales.