Fiscal general de Virginia afirma que "Roe y Casey se decidió de forma errónea"

El fiscal general de Virginia, Jason Miyares (republicano), menos de una semana después de tomar posesión de su cargo, envió una carta a la Corte Suprema en la que instaba a revocar el "erróneamente decidido" caso Roe v. Wade.

Bajo la dirección del fiscal general demócrata Mark Herring, Virginia se unió en septiembre a otros 22 estados que presentaron un escrito de apoyo al aborto en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health, el cual está pendiente en la Corte.

"Tras el cambio de administración" el procurador general Andrew Ferguson, nombrado por Miyares, escribió que "el procurador general ha reconsiderado la posición de Virginia en este caso".

"Virginia insta ahora a esta Corte a revocar el Quinto Circuito. En primer lugar, Roe y Casey se decidieron erróneamente", escribió Ferguson el viernes.

El Tribunal del Quinto Circuito afirmó que la Ley de Edad Gestacional de Mississippi, la cual prohíbe el aborto después de que el feto alcance las 15 semanas de gestación, violaba el derecho al debido proceso de la mujer según la Decimocuarta Enmienda.

El Tribunal determinó en el caso Roe v. Wade que los estados no pueden regular el aborto durante el primer trimestre en virtud del "derecho a la intimidad" de la Cláusula del Debido Proceso. El caso Casey v. Planned Parenthood reafirmó Roe y prohibió a los estados imponer una "carga indebida" a las mujeres que intentan abortar.

Dobbs impugna el histórico caso del aborto de 1973.

"La posición de Virginia es que las decisiones del Tribunal en Roe y Casey se decidieron erróneamente. Desvinculada del texto de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte sobre el aborto ha demostrado ser inviable, y el esfuerzo del Tribunal por salvarla ha distorsionado otras áreas de la ley. Esta Corte debería restablecer la neutralidad judicial en el debate sobre el aborto y permitir que los ciudadanos de los distintos Estados resuelvan estas cuestiones por sí mismos", escribió Ferguson.

La Corte Suprema denegó la semana pasada otra impugnación de una ley de aborto de Texas que permite a los ciudadanos particulares demandar a los proveedores de servicios de aborto, así como a las personas que ayudan a interrumpir los embarazos.