Estados republicanos impugnan ante tribunales la política de inmigración de Biden

Los estados liderados por miembros del Partido Republicano pidieron a un juez federal de Ohio que elimine la política de inmigración de la administración Biden que limita las detenciones y deportaciones, bajo el argumento de que las nuevas reglas esbozadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) equivalen a una "abdicación" del cumplimiento de la ley.

Legisladores de Ohio, Arizona y Montana se han unido para impugnar las normas establecidas el año pasado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, las cuales restringen el tipo de inmigrantes indocumentados que pueden ser objeto de detención y deportación, informó Washington Times.

La procuradora general adjunta de Ohio, May Mailman, comentó al juez de distrito estadounidense designado por Donald Trump, Michael J. Newman, que las deportaciones de criminales, incluidos asesinos, ladrones y condenados por agresión sexual, han disminuido en los últimos meses. "Este es un marco de abdicación", consideró Mailman.

En septiembre del año pasado, el secretario de Seguridad Nacional Mayorkas emitió un memorándum en el cual afirmaba que permanecer en Estados Unidos sin documentación ya no es causa suficiente para la detención o la deportación, al tiempo que proporcionó nuevas directrices para los agentes y funcionarios.

"Las prioridades de aplicación de la ley para la aprehensión y expulsión siguen centrándose en los no ciudadanos que son una amenaza para nuestra seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza", escribió Mayorkas en el memorando.

Añadió que las nuevas directrices "requieren una evaluación del individuo y de la totalidad de los hechos y circunstancias para asegurar que los recursos se centran de manera más eficaz en aquellos que representan una amenaza".

Un segundo memorando publicado en octubre limitaba los lugares en los cuales los agentes y oficiales podían realizar detenciones, instruyéndoles para que evitaran actuar en torno a escuelas, guarderías, paradas de autobús, clínicas, parques, iglesias, oficinas de servicios sociales o cualquier lugar al que los inmigrantes indocumentados pudieran acudir para "buscar ayuda".

Michael F. Knapp, un abogado del Departamento de Justicia, defendió las políticas de Mayorkas, al señalar que las nuevas normas adoptan "un enfoque más humanitario" para la aplicación de la ley de inmigración y pidió al juez que desechara el caso, bajo el argumento de que los estados no tienen la capacidad legal para impugnar las decisiones de Mayorkas.

Knapp agregó que 11 millones de inmigrantes indocumentados son "potencialmente expulsables", pero como el Congreso no ha dado al DHS suficiente dinero para perseguirlos a todos, la ley permite al gobierno decidir la mejor manera para ejercer su presupuesto.

Knapp también mostró a la corte que el número de delincuentes asociados con delitos graves arrestados a lo largo de un período en 2021 fue casi el doble del mismo período en 2020, aunque el número general de arrestos disminuyó.

"Esos datos demostraron que la priorización funciona. Si le dices a tus funcionarios de línea que se centren en las amenazas a la seguridad pública, entonces habrá un aumento en las acciones de aplicación contra las amenazas a la seguridad pública", afirmó Knapp.

Sin embargo, Mailman contraatacó y consideró injusto comparar 2021 con 2020, ya que la pandemia paralizó gran parte de las actividades de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Las normas de Mayorkas van más allá de las prioridades y ponen a las personas totalmente fuera del alcance de la aplicación de la ley de inmigración, concluyó.

Los estados demandantes han solicitado una orden judicial preliminar para bloquear las normas actuales del DHS y, tanto Texas como Luisiana, han impugnado las medidas en un tribunal federal de Texas.

El ICE aún no ha publicado sus datos definitivos de 2021, pero varios analistas adelantan que las cifras mostrarán un drástico descenso en la aplicación de la ley, lo que podría socavar aún más los argumentos esgrimidos por la administración Biden.