Empresarios cristianos demandan a Biden para no pagar cirugías de transición de género

La Alianza de Empleadores Cristianos, una organización sin fines de lucro que representa a compañías con propietarios cristianos y protege la libertad religiosa en el lugar de trabajo, demandó a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC por sus siglas en inglés) y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), por emitir mandatos que, según el grupo, obligarían a los empleadores y proveedores religiosos a pagar y realizar, respectivamente, cirugías de transición de género.

El mandato del HHS se emitió en mayo por la Oficina de Derechos Civiles del departamento, invocando su responsabilidad de ejecutar la Sección 1557 del Affordable Care Act (Ley de Asistencia Asequible), que trata de "proteger los derechos civiles de las personas que acceden o intentan acceder a programas o actividades de salud cubiertos", lo que incluye la prohibición de discriminar "por motivos de orientación sexual o identidad de género".

El mandato de la EEOC, citando el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, exige a los empleadores con más de 14 trabajadores que "proporcionen a los empleados planes de salud o cobertura de seguro médico que cubran las cirugías y los servicios de transición de género, como los procedimientos médicos para la transición de un varón biológico a una mujer transgénero o de una mujer biológica a un varón transgénero" y "exige la cobertura de otros servicios de transición de género, como el apoyo con asesoramiento/psicoterapia y la terapia  hormonal de sexo".

Este mandato ha sido "malinterpretado y aplicado indebidamente durante muchos años", argumenta la demanda presentada en Dakota del Norte por ADF un grupo de defensa legal cristiano en nombre de la Alianza de Empleadores Cristianos.

En la demanda se cuestiona la "reinterpretación de  'sexo ' en la ley federal para incluir la identidad de género, obligando así a los religiosos a ofrecer atención médica o facilitar cirugías y procedimientos de transición de género, en contradicción con sus creencias más profundas".

"Muchos empleadores religiosos -incluyendo la Alianza de Empleadores Cristianos y todos sus miembros- tienen genuinas creencias de que las cirugías y procedimientos de transición de género son moralmente incorrectos y contradicen sus creencias de que Dios creó a los seres humanos y que el sexo biológico de una persona es inmutable", dijo el abogado principal de la demanda, Matt Bowman. "Al malinterpretar y aplicar indebidamente la ley federal, el presidente Biden ha excedido su autoridad constitucional, en detrimento de las personas de fe de todo el país", refiere el documento. 

La Constitución garantiza el derechos a la libertad religiosa, dijo Bowman y añadió que "el gobierno no puede obligar a los empleadores cristianos a pagar peligrosos procedimientos médicos que contradicen sus creencias religiosas."

La ADF comparó su caso con una demanda similar presentada por las Hermanas Religiosas de la Misericordia contra la EEOC y el HHS y que fue decidida por el mismo tribunal en enero, pero que el gobierno federal decidió apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito.

La ADF argumenta que el tribunal que "le prohibió permanentemente a la EEOC y al HHS" aplicar sus mandatos a las Hermanas Religiosas de la Misericordia, debería emitir "una sentencia declaratoria similar y una orden judicial permanente" para la Alianza de Empleadores Cristianos.

"Los empleadores y los empresarios, al igual que muchos estadounidenses, están cada vez más preocupados por el aumento de costos relacionados con las imposiciones del gobierno", señaló Shannon Royce, presidenta de la Alianza Cristiana de Empleadores.

"Estos mandatos de transición de género exacerban en gran medida este problema al amenazar a los empleadores religiosos con multas punitivas, caros litigios, la pérdida de fondos federales e incluso sanciones penales", continuó. "Además, el mandato crea un dilema único para los religiosos que brindan atención médica al obligarlos a hablar favorablemente sobre estos procedimientos de transición de género, incluso si están en desacuerdo con ellos."

El argumento legal de la ADF es que los mandatos violan tanto la Primera Enmienda como la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA), ya que "el HHS no reconoce actualmente ninguna excepción bajo su interpretación de la Sección 1557, a no ser las ordenadas por un tribunal".

El gobierno, por su parte, argumenta que el mandato debe ser aplicado siguiendo la decisión del año pasado del Tribunal Supremo en el caso Bostock contra el condado de Clayton, donde la corte sostuvo que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por razón de sexo, aplica en casos de orientación sexual y también de identidad de género.