Cuarenta demócratas, 4 de ellos latinos, rechazan legislación en apoyo a activistas cubanos

Cuarenta congresistas demócratas en Estados Unidos, entre ellos los miembros del ala izquierdista conocida como “El Escuadrón” (“The Squad” en inglés), se opusieron este miércoles a una resolución que condena al régimen cubano y ofrece apoyo a los manifestantes pacíficos que salieron a las calles el 11 de julio y a aquellos que prevén hacerlo el 15 de noviembre.

Al margen de los 382 legisladores que aprobaron el proyecto de ley, 40 rechazaron la iniciativa, entre ellos cuatro representantes demócratas de ascendencia hispana, Alexandria Ocasio Cortez (NY), Jesús "Chuy" García (IL), Raúl Grijalva (AZ) y Nydia M. Velazquez (NY). 

Otros votos en contra provinieron de legisladores demócratas miembros de “El Escuadrón”: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, Jamaal Bowman y Cori Bush, según una lista compartida por el representante Mario Díaz-Balart (R-FL) en Twitter.

Take a good look at those standing on the wrong side of history.
These Members voted against a bipartisan resolution condemning the #Cuban tyranny's oppression & vowing solidarity with the brave Cuban people demanding freedom. This is a matter of basic human rights & democracy. pic.twitter.com/HzDI3bYaYn

— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) November 3, 2021

La resolución, presentada por la representante Debbie Wasserman-Schultz (D-FL), defiende los derechos de libertad de expresión de los cubanos y "condena la violenta represión del régimen cubano contra manifestantes y periodistas pacíficos", como es el caso del periodista de ADN Cuba Esteban Rodríguez.

Rodríguez, encarcelado desde el 30 de abril y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, llamó recientemente la atención tras participar en una huelga de hambre y sed desde prisión.

La resolución condena “los actos de represión del régimen cubano” mientras exhorta a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), al Ministerio del Interior cubano y a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba a abstenerse de "arrestar o detener a los manifestantes pacíficos, a proporcionar el debido proceso a todas las personas y a liberar inmediatamente a todos los presos políticos y a las personas detenidas arbitrariamente que aún estén bajo su custodia".

En julio, miles de personas en la isla salieron espontáneamente a las calles para exigir libertad y el fin de la dictadura cubana, en una serie de protestas que resultaron en un fallecido a manos de la policía, varios heridos, cientos de detenciones y condenas en prisión.

Algunos de los manifestantes, detenidos tras las protestas del 11 de julio, se enfrentan a penas de hasta 27 años en prisión, mientras que otros enfrentarían hasta 10 años por el simple hecho de romper una foto de Fidel Castro.

ADN Cuba contactó a las representantes demócratas, Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, sobre su negativa para brindar apoyo a los manifestantes cubanos pero al momento de publicar este artículo no recibimos respuesta. 

El representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, otro de los que votó en contra de la resolución, defendió su posicionamiento en redes sociales, argumentando que la resolución no reconoce “el papel que juega Estados Unidos en contribuir al sufrimiento de los cubanos comunes”.

Díaz-Balart respondió en Twitter que la resolución es "una cuestión de derechos humanos básicos y de democracia", y arremetió contra los que votaron en contra, diciendo que "están en el lado equivocado de la historia".

Prisoners Defenders, una ONG con sede en Madrid, informó que hasta octubre de 2021, el régimen cubano mantiene un total de 591 presos políticos, 370 de esos casos directamente relacionados con las manifestaciones del 11 de julio.

Algunos activistas que eludieron la ola de detenciones del 11 de julio, convocaron y solicitaron permiso de las autoridades para tener una marcha pacífica el 15 de noviembre, pero el gobierno cubano negó la solicitud, amenazando a los organizadores con cargos penales y con ser procesados si salen a la calle a pedir por los derechos de cientos de presos políticos en Cuba.

El 4 de noviembre, Vladimir Turró Páez, periodista del medio independiente Cubanet, denunció en redes sociales que fue agredido en La Habana por un agente del régimen disfrazado de civil. 

"Me golpearon en un ojo y luego me dijeron que eso era sólo un anticipo de lo que me podía pasar el #15N si salía a la calle a hacer mi trabajo de reportero", escribió en Twitter.

En Cuba, los derechos de huelga y manifestación no se contemplan fuera de las instituciones estatales, por lo que, de haberse autorizado, la marcha del 15 de noviembre habría sentado un precedente histórico.

No obstante, en reacción a esa prohibición, Washington ha advertido que podría responder, posiblemente con sanciones, si se "violan los derechos fundamentales" del pueblo cubano o se procesa a los impulsores de la marcha de noviembre.

A diferencia de las leyes, las resoluciones del Congreso estadounidense no son vinculantes ni determinan por sí mismas los procederes del gobierno. Mayormente sirven para expresar consensos y posicionamientos del Legislativo respecto a temas de actualidad política nacional e internacional.