AP exige al gobierno explicar rastreo de periodistas por parte del DHS

Associated Press exigió al gobierno de Joe Biden que explique la razón por la que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizó una base de datos federal destinada a rastrear terroristas internacionales para investigar a 20 periodistas estadounidenses, entre ellos la reportera ganadora del Premio Pulitzer, Martha Mendoza.

Julie Pace, editora ejecutiva de la AP, envió el lunes una carta al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, en la que cuestiona el hecho de que el nombre de Mendoza haya pasado por la base de datos y se le identificara como posible informante confidencial durante la Administración Trump, informó la AP.

"Este es un ejemplo flagrante de una agencia federal que utiliza su poder para examinar los contactos de los periodistas. Aunque las acciones detalladas en el informe del inspector general ocurrieron bajo una administración anterior, las prácticas fueron descritas como rutinarias", menciona la carta.

La investigación del DHS sobre los periodistas estadounidenses salió a la luz después de que un informe del inspector general de Seguridad Nacional se hiciera público a través de una solicitud de registros realizada por Yahoo News.

Según los documentos, Jeffrey Rambo, un agente de la Patrulla Fronteriza que entonces trabajaba en una unidad de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) a las afueras de Washington, D.C., accedió a los registros de viajes del gobierno en 2017 como parte de una investigación de filtración que involucraba a la reportera Ali Watkins, quien trabajaba para Politico en ese momento.

El inspector general comenzó a investigar a Rambo tras una serie de noticias que revelaron su uso de recursos del gobierno para investigar a Watkins, como parte de un esfuerzo del gobierno para reprimir las filtraciones a los periodistas.

Los documentos de la investigación del inspector general muestran que Rambo pasó habitualmente los nombres de los periodistas -junto con el personal del Congreso, y otros- por las bases de datos del gobierno a fin de investigarlos mientras trabajaba con una unidad de la CBP conocida como la División de Contra Red.

"Cuando un nombre llega a tu mesa, lo pasas por todos los sistemas a los que tienes acceso, eso es el statu quo, es lo que hace todo el mundo", explicó Rambo a los investigadores.

Rambo también admitió que buscó a Mendoza en las bases de datos del gobierno antes de ponerse en contacto con ella, debido a su experiencia en escribir sobre el trabajo forzoso, algo que concierne a la CBP ya que la agencia aplica restricciones a la importación de productos elaborados en esa modalidad.

Associated Press advirtió que la investigación del gobierno sobre los periodistas es "el último ejemplo patente de una agencia creada tras los atentados del 11 de septiembre que utiliza sus vastas capacidades para atacar a los ciudadanos estadounidenses."

"Estamos profundamente preocupados por este aparente abuso de poder. Esto parece ser un ejemplo de que los periodistas están en la mira por el simple hecho de hacer su trabajo, lo cual es una violación de la Primera Enmienda", precisó la AP en un comunicado separado.

Aunque la oficina del inspector general remitió los resultados de su investigación a un fiscal federal "por posibles cargos de abuso de las bases de datos del gobierno y por mentir a los investigadores", el Departamento de Justicia se negó a procesar a Rambo y a otros dos empleados de Seguridad Nacional, destacó la AP.

"No aprobamos la investigación de los reporteros en respuesta al ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda. La CBP y todas las agencias y oficinas componentes del Departamento se asegurarán de que sus prácticas sean coherentes con nuestros valores y nuestros más altos estándares", señaló el lunes una portavoz del DHS.